Titular del INPI, al nivel salarial de AMLO

La remuneración anual del oaxaqueño Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es de un millón 535 mil 398 pesos, lo que lo coloca a la par del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien cuenta con una remuneración de un millón 567 mil 640 pesos.

Lo anterior lo establece la Secretaría de la Función Pública en su sistema de Declaración Patrimonial actualizado a mayo del 2020, en el que se observan irregularidades en las delegaciones en Oaxaca.

Tal es el caso del director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Oaxaca, José Luis Chida Pardo, quien declaró una remuneración anual por un millón 179 mil 151 pesos, sin embargo, en el 2019 también declaró la compra de un vehículo marca Mercedes Benz.

Esta unidad tuvo un valor de compra a crédito por un millón 292 mil 500 pesos, lo que supera las percepciones totales del funcionario, que según lo reporta es de un millón 221 mil 151 pesos (se suma la renta de una casa, que le da una percepción anual de 42 mil pesos).

En todos los casos, el portal del Gobierno de México establece que la remuneración corresponde a un año, y en su salario como servidor público se incluyen sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, con cantidades después de impuestos.

Nancy Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Bienestar delegación Oaxaca, declaró percepciones anuales por un millón 45 mil 860 pesos, lo que corresponde al 100 por ciento de sus ingresos. No declaró sus inmuebles ni vehículos.

En otros casos, como los representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Eduardo Arredondo Carrasco y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Daniel Orgaz Hernández, no aparecen en los registros de declaración patrimonial.

De acuerdo con lo que señala el último párrafo del artículo 108 Constitucional, así como a lo indicado en la fracción XXV, del artículo 3º, y artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los servidores públicos, es decir, todas aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública.

Esto incluye el orden municipal, de alcaldía, estatal y federal, así como dentro de los poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos, para lo cual, cada uno de dichos entes cuenta con sus propios sistemas de recepción de declaraciones patrimoniales y de intereses.