A pesar del esfuerzo realizado por el sector salud para emitir las recomendaciones sanitarias a la población, entre las festividades, un juicio de amparo, entrega de apoyos sociales y la rebelión de comerciantes, frenaron la Sana Distancia en Oaxaca.
La fase 1 de la emergencia sanitaria se decretó el 14 de marzo de 2020 en la entidad oaxaqueña, en el cual se establecieron medidas estrictas para la cancelación de eventos masivos como deportivos, conciertos, festividades patronales, así como la celebración de la Semana Santa.
Con el aumento de casos en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), algunos gobiernos municipales se sumaron a las restricciones promoviendo el programa de la Sana Distancia, pero otros continuaron sin acatar las medidas como ocurrió en Magdalena Apasco con la celebración del Quinto Viernes.
Para ampliar mitigar la propagación del Covid-19 en la entidad, el 4 de abril entró en vigor el segundo decreto emitido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el cual se estableció la suspensión de las actividades no esenciales y el cierre de hoteles y servicios de hospedaje para actividades turísticas, playas, restaurantes -los cuales pueden operar en la modalidad de servicio a domicilio-, centros comerciales, plazas públicas, tianguis, días de plaza y concentraciones religiosas; así como suspensión de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas.
Después de no acatar las medidas sanitarias, los contagios comunitarios avanzaron en las diferentes regiones, por lo cual el gobierno federal y estatal, decretaron el 27 de abril la Fase 3 de la emergencia sanitaria.
En el tercer decreto se estableció como medida de prevención, el uso obligatorio de cubrebocas, mascarilla o cubierta facial, para todas las personas que se encuentren en espacios públicos o que realizan actividades esenciales; por lo que deberán cumplir con las medidas sanitarias en su traslado o permanencia en dichos lugares, así como cuando utilicen el transporte público.
Asimismo, todas y todos los servidores públicos de la Administración Estatal y Municipal, deberán portar cubrebocas, mascarillas o cubierta facial, cuando se encuentren en funciones. El Gobierno del Estado y los municipios en la medida de lo posible, distribuirán cubrebocas a las personas que por necesidad no permanezcan en sus hogares.
Además se advirtió que las autoridades municipales y estatales podrían implementar sanciones económicas hasta arrestos de 36 horas a quienes no acaten dichas medidas, pero estas intenciones fueron frenadas por un juicio de amparo promovido por la asociación civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “GOBIXHA”.
Este juicio fue avalado por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, esto al considerar que algunas restricciones violentan los derechos humanos.
La rebelión contra las medidas continuaron cuando los comerciantes del Centro Histórico de la ciudad, decidieron abrir los negocios considerados como no esenciales, esto después de acusar falta de apoyos por parte de las autoridades.
En plena emergencia sanitaria, funcionarios del Gobierno Federal, también fueron omisos en acatar estas medidas realizando la entrega de folios para los beneficiarios del programa Pro-Agro a los campesinos de las diferentes regiones.
Debido al cierre de las sucursales bancarias en las comunidades, los indígenas se vieron obligados a desplazarse a la ciudad capital donde realizaron largas filas y sin respetar la sana distancia para poder cobrar sus apoyos.
En la Central de Abasto y en algunas calles del Centro Histórico, los comerciantes ambulantes también desafiaron la emergencia, incluso en algunos puestos colocaron leyendas “aquí estaremos hasta que el coronavirus nos mate”.
Las omisiones continuaron en las diversas regiones de la entidad, del 14 de marzo al 30 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reportó la realización de 45 festividades de localidades y municipios que no acataron el decreto emitido por el gobernador Alejandro Murat.
