Se atrincheran comunidades indígenas de Oaxaca por Covid-19
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Se atrincheran comunidades indígenas de Oaxaca por Covid-19

Al menos 147 municipios de la entidad cierran sus accesos por Covid-19


Se atrincheran comunidades indígenas de Oaxaca por Covid-19 | El Imparcial de Oaxaca
Foto: Internet

La Secretaría de Gobernación (Segob) ubicó a Oaxaca como uno de los estados con mayor número de accesos restringidos para hacer frente al Covid-19 y evitar su propagación, solo por debajo de Campeche, Guerrero y Veracruz, según el número de municipios que tiene cada uno.

Mientras que en los primeros dos estados se registró el cierre de accesos en 100 y 80%, en Veracruz y Oaxaca los porcentajes fueron del 36 y 25%. De acuerdo con los datos de las autoridades federales, de 340 municipios de 15 estados con cierre de accesos, 147 son de la entidad oaxaqueña.

En el reporte de “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19”, la Secretaría de Gobernación consideró que esta acción de cierre de accesos representa una medida coercitiva de restricción a la movilidad que no es eficaz y tiene efectos desproporcionales sobre la población.

“Los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito. Los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios”, expuso la dependencia.

El documento señala que el derecho al libre tránsito por todo el territorio nacional no puede ser restringido por el cierre de caminos o carreteras, de fronteras entre estados o municipios, ni por otras medidas que restrinjan la movilidad de las personas, salvo que así lo establezcan las leyes migratorias o la autoridad de salubridad general.

“Si bien la reducción de la movilidad de las personas es el objetivo prioritario de la Jornada Nacional de Sana Distancia, imponer la obligatoriedad del resguardo domiciliario mediante el uso de la fuerza pública es una medida lesiva y desproporcional, que puede ocasionar abusos de autoridad y no corresponde al objetivo de salvaguardar la salud pública. 

Además, según la distribución de competencias, únicamente puede dictarla el Consejo de Salubridad General, no los estados o municipios”.


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