En Oaxaca se requiere una buena planeación en materia educativa

Para Ricardo Islas Díaz, director general de Easy Jobs, la mayor red profesional del mundo, ningún gobierno puede improvisar políticas públicas en materia educativa, esto al referirse al programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que puso en marcha el Gobierno Federal.

“La iniciativa es bastante buena pero desafortunadamente lo que pasa en México, es la falta de una buena planeación; para crear una política pública exitosa se tiene que tener un staff preparado, tienes que tener a maestros, economistas, todo un gabinete para tomar una decisión y para determinar qué impacto va generar el proyecto”.

Expuso que en este programa no existe siquiera un estudio sobre el impacto de las becas. “Si se le da una beca a un joven para que vaya a estudiar, se debe realizar un análisis de cuál es su costo-oportunidad, qué dejó de hacer el beneficiario para ir a estudiar, sin dejar a un lado que el estudio es la prioridad”.

“Considero que como se está aplicando el proyecto no creo que sea lo óptimo y lo más eficiente, fue como una medida desmesurada otorgar las becas y no creo que sea el dinero inmediato lo que los jóvenes requieren, sino podría ser un vale o bono educativo para que puedan ir a canjear en cualquier universidad”.

Islas Díaz expuso que este tipo de políticas públicas deben de replantearse, “la intención es buena, pero como se está ejecutando no es lo adecuado, desafortunadamente para medir los impactos de la educación es tardado, tendrá que pasar algún tiempo para conocer los primeros resultados”.

“Los jóvenes que se están atendiendo también deben ser preparados a un nivel muy competitivo y eso se verá reflejado cuando se integren a las diferentes pruebas como el Ceneval, esto dará una pauta si realmente está funcionado el programa”, destacó.

De acuerdo a los datos del Gobierno Federal, el programa de las Universidades Bienestar en el cual se otorgan becas a los estudiantes, está dirigido a jóvenes y adultos que no han podido acceder a la educación superior y aspiran a cursar sus estudios en condiciones dignas, con carreras pertinentes a las problemáticas de las comunidades y municipios hasta ahora excluidos de su derecho a contar con una profesión.