La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional presentada por integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, contra la desaparición del Consejo de la Judicatura aprobado por el Congreso del Estado.
Lo anterior, al considerar que la medida tomada por el Congreso del Estado, vulnera la esfera entre los poderes.
“Se tienen como demandados en este procedimiento constitucional, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo”, detalla el documento que además requiere a estos poderes, la norma controvertida y un ejemplar del Periódico Oficial en que se conste su publicación.
La Corte advierte que en caso de incumplir con ello, les será aplicada una multa.
Y es que apenas el 10 de agosto, el juez décimo primero de distrito del Poder Judicial de la Federación, concedió la suspensión definitiva del amparo interpuesto por representantes del Consejo de la Judicatura contra la desaparición de este ente.
En la sentencia del juicio de amparo 753/2018, el juez otorgó la medida sobre los actos reclamados, que entre otros se encuentra la aprobación por parte del Congreso del Estado del decreto 1539, por el que desaparecieron el Consejo y crearon la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
El pasado 31 de julio, el Congreso de Oaxaca aprobó, con 31 votos a favor y siete en contra, que este órgano creado en 2011 para administrar la carrera judicial, así como establecer la configuración territorial de salas y juzgados, fuera desechado y se creara la Junta de Administración.
Por lo que los integrantes del Consejo de la Judicatura recurrieron a la justicia, a través del amparo y el 7 de agosto recibieron la suspensión provisional y tres días después, la definitiva.
En la resolución del juez décimo primero, también se echa abajo la puesta en marcha de la Junta de Administración y los nombramientos efectuados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho, así como el ajuste presupuestal.
Además de las facultades otorgadas a los integrantes del nuevo órgano para que formaran parte del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otros actos reclamados.
