Pide DDHPO proteger a periodistas y funcionarios

A través de una Alerta Temprana, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió estar atentos ante el riesgo en que se encuentran en estos comicios los candidatos a puestos de elección popular, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, así como la ciudadanía en general.

Demandó que el Estado, mediante las instancias que correspondan, garantice el derecho a la seguridad pública como medio para el ejercicio libre de los derechos humanos.

Ante el anuncio del gobierno estatal de reforzar las medidas de seguridad y en un esfuerzo para contribuir a estas medidas, el organismo defensor emitió una Alerta Temprana, dirigida en primer lugar al Presidente de la República para que implemente acciones que garanticen el derecho al voto en condiciones de seguridad para todos los oaxaqueños.

Solicitó al Gobernador del Estado instruya a los titulares de las dependencias estatales para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, pongan en marcha mecanismos eficaces para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la integridad física y emocional de la ciudadanía.

También le requirió a la Secretaría de Seguridad Pública implementar las acciones necesarias para ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad que garanticen la paz pública y la integridad física de todos los contendientes a puestos de elección popular.

Asimismo, la Defensoría solicitó que se coordinen las acciones necesarias tendientes a que los elementos de los cuerpos de seguridad con que cuenta la SSP sujeten su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Hizo un llamado al Estado debido a que se hace indispensable que, por medio de sus instancias, asuma la responsabilidad de proteger a los candidatos a puestos de elección popular, así como a sus familias, contra la intimidación y los ataques desde cualquier ámbito, pues un homicidio, agresión o amenaza cometido contra cualquier candidato es un ataque directo contra la democracia y el Estado de Derecho.