De 2006 a 2012, la Secretaría de Economía (SE) de los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) otorgaron 10 mil 658 concesiones mineras a empresas mineras, entre ellas las de Alberto Baillères González, con vigencia hasta 2056-2062 y que suman un conjunto de 28 millones 792 mil hectáreas, de acuerdo con la Dirección General de Minas (DGM).
“La Ley Minera permite que las concesiones puedan darse hasta por 50 años y ser prorrogadas por igual término. Esta disposición convierte a las concesiones mineras en un privilegio que favorece la especulación en las bolsas de valores, teniendo en cuenta que la vida útil de una mina a partir de las nuevas técnicas de extracción casi nunca rebasa los 20 años. Además de considerar que un periodo de tiempo tan largo puede favorecer la creación de pasivos ambientales mineros y dificultar la definición de responsabilidades y sanciones a aquellas empresas mineras que no realicen un adecuado proceso de cierre de minas”, expone el documento “Anuario de industrias extractivas” realizado por Fundar, CartoCrítica y Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH).
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, se dieron otras 3 mil 190 concesiones también con vigencia de 50 años, por lo que en los últimos 11 años se han entregado 13 mil 848 concesiones.
“La propuesta de cambio ya sabemos en qué terminó. Se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación minera”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado 22 de febrero.
De enero a noviembre de 2006, el último año de Fox y primeros datos disponibles de la DGM, se brindaron mil 573 concesiones, principalmente en Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Coahuila, con una extensión de 3 millones 630 mil hectáreas.
“Luego Calderón, lo mismo, más concesiones. El general [Lázaro] Cárdenas le entregó a los campesinos 18 millones de hectáreas en su sexenio a un millón de familias campesinas […] Calderón le entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas [más de 25 millones]”, agregó López Obrador.
De diciembre de 2006 a 2012, el Gobierno de Calderón dio 9 mil 805 concesiones mineras, sobre todo en 2007 (2 mil 267), con una extensión total de 25 millones 370 mil hectáreas.
Hasta 2011, la Dirección General de Minas hizo público el nombre de empresas y personas físicas que recibieron las concesiones para realizar actividades mineras, de las cuales destacan Exploraciones Mineras Parreña, Exploraciones Mineras Peñoles, Minera Saucito (Fresnillo), que pertenecen al tercer hombre más rico del país, Alberto Baillères González, así como Minera del Norte de Altos Hornos de México (AHMSA), siderúrgica dirigida por Luis Enrique Zamudio Michelsen.
Además figuran filiales de la estadounidense Platte River Gold o de canadienses como Silver Corp y Gold Corp. Estos beneficiados continuaron obteniendo concesiones con Peña Nieto.
Entre las empresas extractivas que recibieron el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales, de 2013 a 2017, repitieron Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, del Grupo Peñoles que encabeza Baillères; Mineras del Norte, de Altos Hornos de México, y se añadió Grupo México [de Germán Larrea Velasco], cuya mina Buenavista fue responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora en agosto de 2014.
LA REGULACIÓN LAXA Y SUS EFECTOS
En México, la regulación del sector minero se basa en la Ley Minera publicada en 1992 y modificada en 1996, 2005, 2006 y 2014. La expansión comenzó tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que permitió la llegada de compañías mineras canadienses, principalmente.
“Esta Ley y otros cambios que se llevaron a cabo tuvieron como objetivo ampliar la participación de las empresas mineras extranjeras en esta actividad, para lo cual se establecieron una serie de medidas que les otorgan facilidades para operar los proyectos. Estas disposiciones se mantienen al día de hoy y configuran un laxo marco normativo de esta actividad”, explica el documento “Anuario de industrias extractivas” (2016) publicado por Fundar, CartoCrítica y Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH).
Entre las modificaciones figuran en la Ley Agraria y al Artículo 27 constitucional que permitieron la compra, venta y renta de tierras ejidales y comunales; se estableció una nueva duración para las concesiones mineras de 25 a 50 años, prorrogables a otros 50 años más; y se otorgó el carácter de preferente a la actividad minera sobre cualquier otro uso como el agrícola, a excepción de las relacionadas con hidrocarburos.
“A través de esta Ley, y de manera contraria a las obligaciones del Estado para garantizar sus derechos a la autodeterminación y a la tierra y el territorio, se privilegian los intereses de las empresas mineras sobre los de pueblos y comunidades campesinas e indígenas […] además de violentar el derecho que tienen a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua”, dice el informe.
Sobre el uso de agua, documenta que “para extraer solo un centenario de oro (1.2 onzas), se requieren de 100 a 150 mil litros de agua dulce, suficientes para proporcionar agua a una familia por un año”.
En México, documenta, más del 54 por ciento de la propiedad es social, por lo que se encuentra en manos de ejidos y comunidades agrarias. El informe resalta que gran parte de los conflictos sociales relacionados con la actividad minera tienen su origen en las diferentes formas y mecanismos que usan las empresas para acceder al territorio.
El Centro Prodh, cita, ha identificado diferentes estrategias usadas por las empresas mineras para poder penetrar en las comunidades como la “compra” de autoridades, el fomento de la división comunitaria, la represión, la creación de grupos de choque y la entrega de grandes cantidades de dinero a algunas comunidades, bajo un clima de criminalización, amenazas e incluso asesinatos.
“El marco regulatorio y normativo de la minería, así como la arquitectura institucional en torno a la misma, han sido diseñados con el objetivo de favorecer esta actividad a través de un modelo donde las protagonistas son las empresas mineras, especialmente las extranjeras. Esta regulación pone en segundo término los derechos de las personas y comunidades que viven en zonas mineras y vulnera el medio ambiente y los bienes comunes”, concluye.
