Han pasado 15 años en el Centro de Prevención y Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, y ahora seis defensores del agua de la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango Del Valle, en el Estado de México, tendrán que volver al punto de partida de su proceso penal.
“Es como si hubieran sido detenidos ayer, como si de un plumazo les dijeran, olvídense de todo, de los 15 años que han pasado en la cárcel, porque lo hicimos mal y tenemos que volver a empezar”, dice Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que lleva la defensa del caso.
Y todo, afirma el abogado, porque “hubo un entendimiento parcial de las autoridades sobre la opinión que la ONU emitió acerca del caso”.
En julio de 2018, diez expertos y relatores especiales de la ONU enviaron al Estado mexicano una comunicación expresando sus preocupaciones en relación con las sentencias que condenaron a los defensores indígenas: Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, Pedro Sánchez, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias, por el homicidio en 2003 del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de San Pedro Tlanixco sostenía una disputa por el uso del agua del río Texcaltengo.
El caso llegó a instancias internacionales, a través del Zeferino Ladrillero, y tras el análisis de la información, incluida la del propio expediente judicial, la ONU-DH –junto con los diez expertos y relatores entre ellos la de pueblos indígenas y el relator de los derechos humanos al agua–consideraron que en primera instancia la administración de justicia no había observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso, y que la secuencia de violaciones dentro de éste (como basarse en testigos de cargo que no estuvieron en el lugar de los hechos) “puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia”.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó en su informe anual 2018 que “la competencia por los recursos naturales ha colocado a las comunidades indígenas que tratan de proteger sus tierras tradicionales en primera línea de los conflictos, como víctima de la persecución”.
En su informe sobre su misión oficial a México, del año pasado, recomendó que “debe garantizarse que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la legítima defensa de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten”.
Ante ese contexto, la ONU-DH consideró necesario evaluar si la condición de defensores indígenas del agua de las personas acusadas motivó algún abuso en la aplicación del sistema judicial.
Durante 14 años, las instituciones mexiquenses, entre ellas la Procuraduría de Justicia del Estado de México, no reconocieron la condición de indígenas de los seis defensores encarcelados de San Pedro Tlanixco, pese a que se presentaron diversas pruebas de eso, como periciales antropológicas. Fue hasta que se emitieron las recomendaciones de los organismos internacionales que el Tribunal de Justicia estatal “se dio cuenta que son nahuas y decidió reponer el proceso”, dice Lara.
De todas las violaciones al debido proceso que señaló la ONU, “lo único que las autoridades entendieron es que no habían considerado que eran nahuas, pero la parte de que por esas violaciones debían ponerlos en libertad, eso no quisieron abordarlo”, afirma el abogado.
El 17 de enero fue la última audiencia de apelación del juicio anterior. La defensa de los acusados había metido un amparo por la sentencia de 50 años de cárcel impuesta apenas un año antes.
En esa audiencia, un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense determinó reponer el proceso.
Lo que hizo el tribunal fue anular la sentencia de los 50 años de cárcel ya emitida y ordenar la reposición, “pero eso no es una buena noticia, los defensores se podrían pasar en la cárcel otros diez años si el juicio vuelve a empezar”, denuncia Lara.
Y es que a tres de los acusados los detuvieron en 2003, pero emitieron sentencia hasta 2007, mientras que a los otros tres, entre ellos la única mujer, Dominga Sánchez Martínez (ahora de 60 años), los detuvieron en 2007 y su sentencia se emitió hasta una década después, apenas el año pasado.
Ahora, los seis detenidos están a la espera de la fecha de la primera audiencia del nuevo proceso, misma que podría definirse el próximo martes. El encargado de llevar el juicio será el juez primero en materia penal de Toluca con sede en el penal de Santiaguito, Maximiliano Vazquez Castañeda, el mismo juzgador que emitió la sentencia condenatoria de los 50 años de cárcel, y que no reconoció antes la condición de indígenas de los acusados ni las irregularidades del proceso.
“Lo que esperamos ahora es que el juzgador reconozca con toda honestidad que estamos frente a personas indígenas, defensoras de derechos humanos, como lo es el derecho al agua, que fueron acusados de un delito que no cometieron y que solo los acusaron por motivos políticos. Esa sería una buena señal de que se empiezan a resarcir las deudas que el Estado mexicano tiene con las personas indígenas”, afirma Lara.
Los seis defensores del agua de Tlanixco están en la lista de los presos políticos que el gobierno ha prometido liberar. “A nosotros se nos dijo, incluso nos lo comentó la senadora Nestora Salgado, que ellos son los primeros seis de esa lista”, asegura el abogado.
Además, el viernes 24 de enero, el Congreso aprobó una resolución en la que pedía a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de “desistirse de la acción penal contra seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango Del Valle”.
El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez admitió que se están explorando diversas vías jurídicas para otorgar la libertad a al menos tres de los seis indígenas de Tlanixco.
De qué se les acusa
A los seis defensores del agua de Tlanixco se les acusa del homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso, quien murió al ir en ascenso por la pendiente de una ladera de más de dos kilómetros.
Basso, habitante del municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, estaba en pleito con la comunidad vecina de San Pedro Tlanixco por el agua del río que él necesitaba para los invernaderos de su empresa florícola, y la comunidad náhuatl para sus actividades cotidianas.
El empresario español y otros floricultores de Villa Guerrero ya habían conseguido, a través de concesiones otorgadas por la Conagua, que la población de Tlanixco no pudiera usar el agua de su río.
El día de su muerte, Isaak Basso llegó, junto con otras cinco personas, hasta Tlanixco para supuestamente revisar por qué el agua del río estaba bajando a Villa Guerrero con espuma.
La comunidad náhuatl lo consideró una provocación. Quisieron llevar a los seis con el delegado de su pueblo, a la sede de las autoridades tradicionales, que estaba en una planicie pendiente abajo. Más de 150 personas bajaron por la ladera. Isaak Basso no llegó con el delegado del pueblo, sus cinco acompañantes sí, pero él apareció muerto en un barranco.
Por esa muerte fueron condenadas seis personas a 50 años de cárcel, en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pese a que no se ha podido establecer su participación concreta en el hecho.
