Tras más de 12 horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución de salario ni prestaciones y con una implementación gradual que culminará en 2030.
La reforma al artículo 123 de la Constitución establece un nuevo límite al trabajo extraordinario, prohíbe que menores de 18 años laboren horas extra y fija reglas más estrictas para el pago del tiempo adicional. El dictamen será enviado a los congresos estatales y, de obtener la mayoría requerida, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
TRANSICIÓN GRADUAL Y NUEVOS LÍMITES
La reducción será progresiva: en 2027 la jornada bajará a 46 horas semanales y disminuirá dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
El texto aprobado señala que cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de trabajo, se pagará un 100% adicional sobre el salario ordinario. Además, el tiempo extra no podrá exceder de 12 horas a la semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días.
Ejemplo:
Si hay mucho trabajo y te quedas más tiempo, esas horas valen el doble.
El pago: Te pagan un 100% adicional. Es decir, si tu hora normal vale $50, la hora extra vale $100.
El límite: No puedes trabajar más de 12 horas extra a la semana.
El orden: Esas 12 horas se deben repartir así: máximo 4 horas al día y máximo 4 días a la semana.
Si se supera ese límite, el empleador deberá cubrir un 200% adicional conforme a la ley.
Ejemplo:
Si el jefe te hace trabajar todavía más de lo que permite el límite anterior, le sale mucho más caro.
El pago: Deberá pagarte un 200% adicional. Es decir, la hora vale el triple.
Ejemplo: Si tu hora normal vale $50, esta hora “prohibida” te la deben pagar a $150.
También se establece de manera explícita que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.
RESPALDO OFICIAL: “DIGNIDAD LABORAL”
Al fundamentar el dictamen, el coordinador de Operación Política de la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, afirmó que existe consenso político para dejar atrás el modelo de largas jornadas y bajos salarios.
“Esta reforma es un paso adelante que la Constitución exige. Cuando un trabajador dispone de más tiempo, regresa con más energía, con más compromiso y más productividad. Eso se llama dignidad laboral”, sostuvo.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado Castro votó a favor, pero advirtió que México se mantiene entre los países con mayores niveles de estrés laboral. Citó que 75% de la fuerza laboral lo padece y cuestionó que no se haya aprobado un esquema de cinco días de trabajo con dos de descanso.
“La riqueza no sólo es dinero, también es tiempo. Un día de descanso sólo permite prepararnos para volver a trabajar; el segundo día es realmente de recuperación”, argumentó.
OPOSICIÓN: “SIMULACIÓN Y BENEFICIO DILUIDO”
Aunque la votación fue unánime, en lo particular la oposición lanzó críticas. Legisladores propusieron que la jornada de 40 horas se distribuyera en cinco días, no en seis, para garantizar dos días efectivos de descanso.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas respaldó la reducción, pero acusó simulación en su implementación.
“Cuarenta horas distribuidas en seis días no transforman nada. Ampliar horas extras cancela el beneficio y mandar la aplicación hasta 2030 envía un mensaje claro: no hay urgencia”, señaló.
Desde el Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil defendió la reforma como parte de una transformación histórica en materia laboral y criticó que administraciones anteriores no concretaran cambios similares.
IMPACTO Y RETOS
El documento puntualiza que en ningún caso la reducción implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones. Sin embargo, especialistas anticipan retos en su implementación, especialmente para micro y pequeñas empresas que deberán ajustar esquemas operativos y costos laborales.
La reforma abre un debate de fondo sobre productividad, bienestar y competitividad. Mientras el oficialismo la presenta como un avance histórico en derechos laborales, la oposición advierte que su diseño gradual y la distribución en seis días podrían diluir el impacto real en la calidad de vida de los trabajadores.
Finalmente, el siguiente paso será la ratificación en al menos 17 congresos estatales para que la modificación constitucional se concrete.
