Con el fin de evitar el desvío de programas sociales hacia fines electorales y partidistas, este jueves la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de la Función Pública, firmaron un anexo al convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales.
En un comunicado, la Fepade explicó que el objetivo es “fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación para el combate de los delitos electores, vigilar y supervisar que no se condicione la entrega de recursos y apoyos de programas sociales a cambio del voto, así como brindar capacitación en materia de blindaje electoral a los servidores públicos de ambas instancias del Gobierno de la República”.
En su mensaje, el titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz-Santana, indicó que desde la firma del primer convenio, la colaboración interinstitucional ha sido constante entre el autoridad responsable de organizar el desarrollo del proceso electoral federal, la secretaría a cargo de la política social, la secretaría que promueve la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas de los funcionarios de la administración pública federal, y la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales.
“Nuestro compromiso es coadyuvar para que las elecciones federales y locales sean limpias, imparciales y legítimas, y desde aquí le decimos a cada persona en el país, que nadie tiene derecho a condicionarle su voto“, agregó.
El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, afirmó que en 2018 viviremos el proceso electoral más complejo de la historia de México, donde estarán en juego más de tres mil cargos en los tres órdenes de gobierno y en los congresos a nivel local y federal.
“De ahí la importancia de los esfuerzos que estamos realizando para que el proceso electoral 2018 sea un proceso ejemplar. Un proceso transparente y apegado a derecho”, dijo.
Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, destacó el compromiso para fortalecer la participación de la contraloría social en la vigilancia de recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social.
En ese marco, exhortó a los ciudadanos a participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso de un fin distinto a los programas de desarrollo social.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que este acuerdo “es una buena noticia para la equidad y el desarrollo del proceso electoral más grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática”.
Consideró que este instrumento contiene el compromiso público de las instituciones firmantes para impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos del estado y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales.
Programa de Blindaje Electoral. https://t.co/8KRvE37V3z
— PGR México (@PGR_mx) 1 de febrero de 2018
