Durante 2016, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) entregó apoyos y créditos a 15 concesionarios mineros por 578 millones de pesos a través del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), de esos concesionarios, 14 no cumplieron con sus respectivos pagos de impuestos por la extracción y venta de metales y minerales.
De acuerdo con una revisión realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sólo uno de los concesionarios, registrados en el Fifomi, cumplió con el pagó sus derechos y reportó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 1.5 millones de pesos de impuestos.
Para evitar la evasión, la ASF pidió al SAT ejerza su facultad de comprobación fiscal a los 14 concesionarios señalados, entre los que se encuentra personas físicas que han recibido decenas de concesiones, muchas de las cuales han vendido a empresas mineras extranjeras, generando un mercado negro de venta y especulación.
Los concesionarios a los que la ASF pidió al SAT investigar son: Besmer SA de CV, Minera Autlán, Comercializadora Sago Import Export, SA de CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de CV.
También están enlistados las siguientes personas físicas: Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís, José Martínez Gómez, Jorge Usvaldo Murillo Serrato y Ernesto Stone López.
Compra y venta de concesiones
El caso es el de Ernesto Stone López, ubicado por la ASF con el RFC: SOLE601107I88, es uno de los que más resalta del listado no sólo por el alto número de concesiones que ha recibido, sino por su participación en ese mercado negro.
De hecho, la ASF ya había advertido desde 2010 que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación”.
En la base de datos de concesiones mineras que el gobierno federal ha hecho pública, Stone López tiene un total de 36 registros a su nombre por un total de 148 mil 556 hectáreas.
Más las cuatro que tiene a su nombre la empresa Minera Hestgold dedicada a la extracción de oro y plata. Las concesiones están ubicadas en Sinaloa y concentran 492 hectáreas. Stone López es presidente y representante legal.
Stone López también vendió concesiones a otra compañía minera de origen canadiense, Agnico Eagles Mines Limited, dedicadas a la explotación de oro y plata, empresa que se instaló en México en el año 2009.
Datos del Registro Público de Minería ubica también a Stone López como intermediario en la compra de la concesión del lote La Unión, ubicado en Culiacán Sinaloa. La concesión se otorgó en el año 2000 a cuatro personas a partes iguales. En 2007, Stone López compró las cuatro partes de la concesión y un mes después las vendió a Minera Hestgold, a su vez firmó con Agnico Eagle un “Contrato de exploración con opción a compra”. Aunque la compra no se concretó pues en 2013 Hestgold realizó un contrato de “Transmisión por aportación” a la empresa Succeshill & Co, del predio de 75 hectáreas.
Succeshill & Co a su vez firmó en 2016 un “Contrato de prenda sin transmisión de posesión” con el Fifomi. Esta empresa también forma parte de los concesionarios señalados como posibles evasores del fisco que han recibido apoyos y créditos del fideicomiso que fue creado para “promover el desarrollo de la minería nacional y otorga servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país”.
Condonaciones y créditos firmes
Además de Stone López, las compañías enlistadas ya han tenido otro tipo de beneficio fiscal, además de los créditos del Fifomi.
Por ejemplo, Comercializadora Sago y Héctor Alfonso Hernández Vega recibieron condonaciones por parte del SAT en 2014. El listado del SAT no agrega más información sobre monto o razones de la condonación.
Comercializadora Sago, junto con la empresa SGL Minería y el particular Armando Javier Gamboa Alanís, mantiene un estatus de “Crédito firme” ante el SAT, esto significa que la dependencia ya les exigió el pago de impuestos y que los contribuyentes presentaron su documentación para refutar el adeudo sin poder demostrarlo. Es decir, deben pagar, pero hasta el momento eso no ha sucedido.
Mientras que la empresa Besmer y el particular José Martínez Gómez están registrados con la categoría Crédito exigible, es decir, el SAT los ubica como deudores y están en el proceso de presentar su documentación para tratar de demostrar que no existe el adeudo.
