El juez sexto de distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, dio un plazo de 24 horas para que Elba Esther Gordillo proporcione el nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter en que acudirán a verla.
Lo anterior, tras la petición de la Procuraduría General de la República (PGR), que se quejó de que Gordillo Morales ha convertido su prisión domiciliaria en una “oficina de despacho“, por lo que el juez federal decidió imponer un régimen más restringido para sus visitas.
Asimismo, el juzgador le prohibió a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comunicarse vía telefónica o electrónica con personas que no estén autorizadas judicialmente.
Determinó que la maestra “deberá señalar los medios de comunicación, como en su caso teléfono, que utilizará para comunicarse únicamente con las personas previamente autorizadas“.
“En caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se suspenderán temporalmente las visitas de familiares y amigos de buena reputación, hasta en tanto se haga del conocimiento los datos antes requeridos”, indicó.
Según el acuerdo del juez, las visitas y comunicaciones telefónicas o electrónicas de la maestra sólo serán permitidas con las personas previamente autorizadas.
En el caso de sus abogados y personas de confianza, deberán demostrar tal carácter ante los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encargados de la vigilancia.
El juzgador además estableció que el horario para las visitas será de las 9:00 a las 20:00 horas, salvo eventualidades.
De acuerdo con la PGR el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desplegado para vigilar a la Gordillo Morales no tiene la posibilidad de observar directa y permanentemente al interior del departamento confinado para la prisión preventiva domiciliaria.
La dependencia señaló que sólo se cuenta con vigilancia en la periferia del edificio y del exterior del departamento, lo que genera que no se tenga un conocimiento objetivo de las comunicaciones y temas que se entablan con las personas que visitan a la hoy procesada.
En el escrito enviado al juez, la Procuraduría General de la República resalta que se están violentando los alcances y consecuencias de las medidas de seguridad de prisión domiciliaria, porque de facto los hechos superan al mandato del juez, dándole un efecto extendido de lo que es la prisión domiciliaria.
La PGR solicitó explícitamente limitar los “medios de comunicación” de Elba Esther y “tener mayor control del lugar en donde se encuentra”.
“El uso desmedido de los medios de comunicación, que tiene a su alcance, evidentemente, podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado Mexicano, por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación”, solicitó el 8 de enero la dependencia federal.
“Esta representación social estima que la procesada en lugar de tener una prisión domiciliaria tiene una oficina de despacho en donde atiende a un sin fin de personas, desconociendo para qué fines”, agregó.
