El Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados contempla una reducción de 68 millones de pesos al presupuesto destinado para la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.
Lo anterior pese a que el sistema para coordinar estas acciones opera incompleto y con retrasos, con falta de registros, protocolos y recursos humanos. El Consejo Nacional Ciudadano del mismo Sistema había alertado de la necesidad de incrementar su presupuesto para el siguiente año.
Dentro del presupuesto asignado al sector Gobernación, el gobierno propone destinar un total de 400 millones 791 mil pesos para la coordinación de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. La cifra es inferior a lo presupuestado en el mismo tema para este 2018 que fueron 468 millones 946 mil pesos.
En el detalle de cómo se gastarían estos recursos se señala que en “subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas” se destinarán 207 millones 576 mil pesos, que es un recorte de más de la cuarta parte a esos subsidios que en 2018 ascendían a 282 millones de pesos.
Pero la disminución de recursos para el tema de desapariciones no solo se registran en el sector Gobernación sino también en el de Procuración de justicia, es decir, en la fiscalía responsable de indagar no solo que pasó con una persona desaparecida sino además identificar y llevar ante la justicia a los responsables.
De acuerdo con el proyecto enviado al Congreso para 2019 se estaría contemplando asignar 18 millones 243 mil 916 pesos para la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República a cargo de indagar lo casos. En 2018 el presupuesto aprobado ascendió a 25 millones 636 mil pesos.
Cabe recordar que la PGR dejará de existir oficialmente en los próximos días para convertirse en la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que su estructura se modificará radicalmente. No obstante, de acuerdo con autoridades federales, los presupuestos etiquetados para temas como el de desapariciones se respetarán durante el periodo de transición que puede extenderse hasta un año.
En el caso de personas desaparecidas el Ministerio Público Federal priorizará los casos de desaparición forzada de personas, es decir, donde las autoridades estén coludidas o sean las probables responsables.
Una “búsqueda” incompleta
En noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Dentro de la misma se ordenó la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuyos trabajos son coordinados por una Comisión Nacional. No obstante, su funcionamiento – al que ahora se suma un posible recorte – ha tenido múltiples inconvenientes.
De entrada la instalación de este sistema estaba programada para abril de 2018, sin embargo, se tuvo que posponer hasta octubre pasado. Es decir arrancó con casi seis meses de retraso. Pero no fue todo: su puesta en marcha se hizo incompleta.
Animal Político publicó que el sistema requiere de comisiones especiales para funcionar correctamente en los 32 estados del país, sin embargo, al menos hasta octubre pasado solo se habían instalado comisiones en siete entidades federativas. Y a ellos se sumaban que solo 11 estados del país tenían comisiones constituidas de atención a víctimas, que también se requieren para el funcionamiento del sistema.
El sistema también comenzó a funcionar sin que se diseñara un protocolo homologado para la búsqueda de personas y sin múltiples registros como el de fosas clandestinas o el de personas fallecidas sin identificar.
“Cada día de atraso en el establecimiento de las instancias relacionadas con la desaparición de personas abona a la deuda que el Estado tiene con las víctimas”, alertó en ese momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado.
El Consejo Nacional Ciudadano – creado también como acompañamiento al sistema nacional – advirtió que la Comisión de Búsqueda no tenía más de 20 personas, y carecía de los recursos humanos, materiales y tecnológicos para desplegar una búsqueda real de las personas desaparecidas en todo el país.
Por ello el mismo Consejo Nacional Ciudadano había alertado de la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a este sistema para 2019. Sin embargo el proyecto presentado por el actual gobierno el pasado sábado en el Congreso apunta en sentido contrario.
Cabe señalar que de acuerdo con los registros oficiales habría en el país unas 37 mil personas desaparecidas o no localizadas, sin embargo, uno de los pendientes del nuevo sistema es verificar y actualizar dicho registro.
Pasan tijera a violencia contra mujeres y periodistas
Animal Político publicó ayer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019 aumenta los recursos para el Ejército Mexicano pero los recorta para el resto de las áreas de seguridad y justicia. Hay disminuciones en dependencias y también en áreas específicas como reclusorios federales, inteligencia, Plataforma México, Policía Federal y Coordinación Nacional Antisecuestro. Pero no son todos.
Casi todas las fiscalías especializadas de la PGR registran una reducción en sus recursos estimados para el próximo año. Destaca la reducción en la Fiscalía para los casos de Violencia contra las Mujeres y Trata que este año tiene un presupuesto de 68 millones 72 mil pesos, pero para 2019 se estiman 52 millones 940 mil pesos.
También se registra una posible disminución en los recursos presupuestados para la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), luego de que este año recibiera 17 millones 989 mil pesos, pero para el siguiente sus recursos serían de 12 millones 889 mil pesos.
Otra área que vería una caída de su presupuesto es la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, que aglutina todo el trabajo de los peritos de esta institución. Se prevé para 2019 asignarles 1 mil 25 millones 567 mil pesos, que son unos cinco millones de pesos por debajo de lo aprobado en 2018.
Una de las excepciones en cuanto a los recortes es el caso de la Policía Federal Ministerial, corporación responsable de realizar en el terreno las investigaciones por posibles delitos federales. Para la misma se prevé 3 mil 149 millones de pesos, 87 millones arriba del presupuesto aprobado para 2018.
