El próximo 1 de julio se celebrará en México una de las elecciones más importantes de la historia comicial del país. Ese domingo se llevará a cabo una elección concurrente, es decir, en la que coinciden elecciones federales y locales, en las que la ciudadanía elegirá a quienes ocuparán los tres mil 400 cargos públicos que están en juego.
Pero, ¿de verdad la ciudadanía saldrá a efectuar su voto, para elegir al candidato que mejor le representa?
El abstencionismo es un lastre que se viene experimentando en las elecciones presidenciales desde el año 2006. Registros del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) daban a conocer que la elección de 1994 fue la última en que un porcentaje alto del electorado acudió a emitir su sufragio, con 77.16 % del total del padrón electoral de aquel entonces.
En el año 2000, hubo una notable reducción en la participación ciudadana, pues tan sólo 63.97 % acudieron a vota. Para el siguiente periodo electoral, del año 2006, el voto fue ejercido por 58.55 % de ciudadanos a nivel nacional.
Al ser un fenómeno a nivel nacional, Oaxaca no está exento del abstencionismo y otros “impedimentos” para ejercer su voto con plena libertad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en el estado informó de seis mil 503 credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares, a pesar de que este instituto les notificó por teléfono que pasaran por ellas. Estas credenciales significan seis mil votos no ejercidos en Oaxaca por la apatía de acudir a los módulos a recoger la identificación oficial que, además, da la garantía del voto, pues sin ella es imposible sufragar el próximo 1 de julio.
Entre las tareas del INE, que es el órgano encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones, se encuentran seleccionar por sorteo a los funcionarios de casilla, ciudadanos que se encargarán de dirigir el proceso el día de la elección, quienes previamente son capacitados para llevar a cabo su labor, esto, en el caso de que acepten la encomienda.
El organismo electoral ha registrado el alto índice de rechazo por parte de los seleccionados a ser funcionarios: 10 mil seleccionados lo rechazaron en Monterrey; 11 mil coahuilenses se negaron a participar; 35 mil veracruzanos no quisieron colaborar; en Querétaro, 32 % de jóvenes seleccionados para ser funcionarios rechazaron la tarea; en la capital michoacana, 70 de cada 90 ciudadanos seleccionados no quisieron ejercer su derecho de tomar parte en la elección, pero también dejaron tirada una encomienda que, a decir de la educación cívica, también es un deber ciudadano.
La participación ciudadana que de alguna manera es asignada por el INE es notoriamente rechazada. Si esto es así, ¿qué pasa con la participación voluntaria? Pues como es de esperarse, también es mínima. El órgano electoral emite convocatorias para que ciudadanos y organizaciones se registren para participar como observadores electorales, es decir, que después de una capacitación básica que no toma más de tres horas en un día, se puede tener acceso a una casilla para ver de cerca el proceso e, incluso, al final de la jornada, emitir un reporte con incidencias. Además, como observador, los días posteriores también se puede acudir a los conteos de boletas.
Como ciudadanos, según informes del INE, se registraron dos mil 546 mexicanos para ser observadores, una cifra pírrica, si se considera la magnitud de la elección venidera.
Otro aspecto a considerar es la promoción e incentivación del voto, por parte de organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar y generar el interés. De estas organizaciones, tan sólo 38 atendieron a la convocatoria del INE para registrarse como instituciones que promoverán el voto y la participación ciudadana, de éstas, únicamente dos son de Oaxaca.
Ante este panorama, ¿qué es lo que realmente le impide al mexicano no sólo votar, sino participar en un ejercicio cívico tan importante como las elecciones? La apatía y el desinterés han ganado en otros tiempos las elecciones, pero en este 2018, se podría decir que la moneda aún está en el aire.
