La apropiación masiva del agua en México no es un fenómeno aislado: es un problema sistémico sostenido por legislación débil, vacíos institucionales y una estructura que permite que 1.1 % de los usuarios privados concentre más del 22 % del agua concesionada, según datos analizados por investigadores de la UAM.
Este reducido grupo está integrado por grandes corporaciones —como Coca-Cola, Lala, empresas mineras, siderúrgicas y del sector turismo— además de políticos de distintos partidos con concesiones principalmente agrícolas, un uso que está exento de pago de derechos.
EL PESO DE LAS CORPORACIONES EN EL USO DEL AGUA
El estudio Los Millonarios del Agua, realizado por Wilfrido A. Gómez Arias y Andrea Moctezuma, identifica a 3,304 grandes concesionarios que extraen al menos un millón de m³ al año. Entre ellos figuran empresas como:
- Kimberly-Clark
- FEMSA (Coca-Cola)
- Lala
- ArcelorMittal
- Minera Peñasquito (Goldcorp)
- Buenavista del Cobre (Grupo México)
De acuerdo con las investigaciones, estas corporaciones mantienen presencia en 99 de los 115 acuíferos sobreexplotados del país, además de enfrentar señalamientos por sobreexplotación o afectaciones ambientales provenientes de comunidades, ejidos y organizaciones civiles.
LOS PAGOS OMITIDOS Y EL “HOYO NEGRO” DE LA FISCALIZACIÓN
La especialista Elena Burns advierte otro eje crítico: la falta de pago de derechos en el sector industrial y de servicios.
Según sus estimaciones:
- Los usuarios deberían pagar 56 mil millones de pesos al año.
- En 2023 pagaron solo 12 mil millones.
- Esto implica que 80 % del volumen concesionado no es declarado.
Burns señala que esta evasión mina la recaudación destinada a garantizar el derecho humano al agua, debilita la fiscalización y favorece a los grandes consumidores en detrimento de las comunidades.
EL FACTOR POLÍTICO: CONCESIONES PARA QUIENES TOMAN DECISIONES
El Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha denunciado públicamente que existe una red de “depredadores del agua” dentro de la clase política.
Documentaciones periodísticas han señalado como beneficiarios de concesiones a figuras que han ocupado gubernaturas o cargos federales, entre ellos:
- Exgobernadores de Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas.
- Integrantes del clan Monreal en Zacatecas.
- Miembros de familias con influencia histórica en Chihuahua y Sonora, según reportes sobre la llamada hidromafia estatal.
Muchas de estas concesiones son de uso agrícola, categoría que concentra cerca del 48.7 % del agua acaparada por grandes usuarios y que está exenta de pago, lo que incentiva su aprovechamiento político y económico.
PROBLEMAS AGRAVADOS: DE LA COMARCA LAGUNERA A CHIAPAS
Las investigaciones también documentan afectaciones sociales y ambientales asociadas a grandes consumidores:
- En la Comarca Lagunera, comunidades han denunciado que la sobreexplotación de agua por agroindustrias ha provocado altas concentraciones de arsénico en pozos domésticos.
- En Chiapas y Tlaxcala, organizaciones locales han acusando a embotelladoras de explotar mantos acuíferos en zonas con estrés hídrico.
- En Michoacán, Veracruz y Querétaro, habitantes han señalado descargas contaminantes de procesos industriales.
LA BANCA Y LA FINANCIARIZACIÓN DEL AGUA
El informe de Oxfam México, “Beneficios en fuga”, advierte sobre un nuevo fenómeno: la financiarización del agua.
Hasta septiembre de 2024, bancos y corporaciones internacionales habían adquirido 183 concesiones agrícolas, pese a que la Constitución prohíbe que instituciones financieras posean tierra o agua que no sea indispensable para sus fines.
Oxfam sostiene que estas prácticas convierten un derecho humano en un activo económico sujeto a especulación en plena crisis climática.
EL TURISMO, OTRO GRAN CONSUMIDOR
De los 10 mayores extractores de agua para servicios:
- siete están relacionados con el turismo,
- y siete se ubican en Quintana Roo.
El caso más extremo es el Aeropuerto de Cancún, cuya extracción anual equivale a tomar una ducha ininterrumpida durante 4 mil años, según los cálculos de Oxfam.
PROPUESTAS PARA UNA REFORMA ESTRUCTURAL
Para corregir el sistema que permite el acaparamiento y la impunidad hídrica, la investigadora Elena Burns propone cinco medidas para fortalecer la reforma en discusión en el Congreso:
- Extinguir volúmenes concesionados sin pago de derechos y reasignarlos a usos prioritarios.
- Registrar derechos del agua para pueblos indígenas y sistemas comunitarios, incluso en zonas sin disponibilidad.
- Tipificar la contaminación del agua como delito hídrico contra la salud.
- Prohibir explícitamente la privatización del agua.
- Reconstruir los Consejos de Cuenca para incluir a comunidades, defensores e investigadores, en lugar de concentrarlos en grandes concesionarios.
UN MODELO QUE PROFUNDIZA LA INEQUIDAD
El diagnóstico es contundente:
Mientras unos cuantos actores concentran el agua para industrias, minería, turismo y agroexportación, millones de personas viven inseguridad hídrica y dependen de pipas, tandeos o pozos de mala calidad.
Según Oxfam, esta crisis impacta de forma desigual a las mujeres, quienes suelen asumir las tareas de cuidado relacionadas con la escasez o la contaminación.
En un país con estrés hídrico creciente y regiones ya agotadas, el agua sigue circulando hacia quienes más tienen capacidad de influir, no hacia quienes más la necesitan.
Con información de Sinembargo
