La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un nuevo argumento legal para no cumplir la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que la obliga a transparentar la carpeta del caso Odebrecht, revela un documento obtenido por este medio.
Con el argumento de que podría violarse el principio de presunción de inocencia y la secrecía de las carpetas de investigación que se aun encuentran abiertas, la PGR respondió al INAI que antes de dar cumplimiento al resolutivo acordado por el Pleno del Instituto el pasado 2 de octubre, deberá esperar un pronunciamiento del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia procuraduría.
Mediante un escrito entregado al INAI el pasado 12 de octubre, la PGR advirtió que la consulta a su órgano de control interno es para no incurrir en responsabilidades administrativas y penales por una presunta violación a la secrecía de la investigación y para no violar presunción de inocencia de las personas imputadas en dicha indagatoria
De manera paralela, sin que exista una petición expresa de la PGR y sin que haya sido parte del litigio, el Consejo de la Judicatura Federal solicitó al INAI una copia de la resolución del caso Odebrecht, con el objetivo de pronunciarse sobre la procedencia de un posible recurso de revisión extraordinario que puede interponer la Presidencia de la República, en este caso para negar la información con el argumento de que se vulnera la seguridad nacional o de que se trata de un caso de delincuencia organizada.
El Consejo de la Judicatura, mediante su Comité de Transparencia, solicitó al INAI que le notifique todos los recursos de revisión administrativa de las dependencias de gobierno que nieguen algún tipo de información pública por estimar que hay un riesgo a la seguridad nacional o que tienen relación con la delincuencia organizada.
Ante estos dos hechos, fuentes del INAI consultadas por Aristegui Noticias prevén que PGR podría incumplir la entrega de la carpeta de investigación, puesto que el plazo legal vence el próximo 2 de noviembre.
En tal situación, la PGR a cargo de Alberto Elías Beltrán podría incurrir en un desacato y los servidores públicos que se nieguen a transparentar la carpeta se podrían hacer acreedores a una multa y al inicio de un proceso para fincarles responsabilidad administrativa.
La resolución pública del INAI dice que elaborar una versión pública del caso Odebrecht no viola el debido proceso ni la presunción de inocencia de los implicados, debido a que se trata de un ejercicio de rendición de cuentas ante el reclamo social que existe para aclarar hechos de corrupción.
Incluso, ante el argumento de que el expediente contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales o reservados, mismos que pueden eliminarse en una versión pública, el INAI argumentó que el interés y el beneficio de la sociedad sobre este caso es mayor a la reserva del mismo.
“La clasificación de la información como reservada argumentada por la PGR, no puede considerarse como una regla absoluta, pues es preferible dar a conocer la información por interés público en un caso trascendental como este, ya que mantenerla en secrecía ocasiona mayores perjuicios en un régimen democrático” estimó el INAI en su resolución del pasado 2 de octubre.
