Durante una reciente entrevista con Aristegui Noticias, la periodista e investigadora Anabel Hernández advirtió sobre un cambio en la postura del gobierno estadounidense frente a figuras del entretenimiento vinculadas, directa o indirectamente, con el crimen organizado. A propósito del arresto migratorio de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, la autora de Las señoras del narco señaló que casos como este marcan un punto de quiebre en la relación entre el espectáculo y los cárteles.
“El caso de Chávez Jr. podría ser solo el principio. La tolerancia se terminó”, advirtió Hernández, quien sugiere que artistas como Peso Pluma podrían ser los siguientes en la lista de observación de las autoridades estadounidenses.
VÍNCULOS ENTRE NARCOTRÁFICO Y ESPECTÁCULOS
Para Hernández, no es nueva la infiltración del crimen organizado en la industria del entretenimiento. Según explicó, cantantes y agrupaciones han sido contratados en eventos privados de miembros del narco, pagados con dinero ilícito.
“Muchos de estos cantantes famosos reciben dinero ilegal en bautizos, matrimonios o fiestas de narcotraficantes. Les están pagando con dinero criminal y ayudan con el reciclaje del dinero”, dijo.
La periodista subrayó que este tipo de relaciones no solo fortalecen la economía de los cárteles, sino que también permiten lavar recursos ilícitos a través del espectáculo, en complicidad —activa o pasiva— de artistas y promotores.
PESO PLUMA Y OTROS CANTANTES, EN ALERTA
Uno de los nombres que Hernández destacó fue el del cantante Peso Pluma. Quien ha logrado enorme popularidad tanto en México como en Estados Unidos con el auge de los corridos tumbados, un subgénero del narcocorrido.
“En la época de Biden, Peso Pluma y otros se volvieron rockstars. Ponían a todo mundo a bailar con himnos criminales. Pero eso ya cambió”, afirmó.
Según Hernández, la nueva política migratoria y de seguridad en EE.UU. está siendo más estricta con artistas que hacen apología del delito o que se benefician del narco. Aun sin tener vínculos formales comprobados. Señaló que algunos músicos ya han preferido abandonar presentaciones en EE.UU. antes de ser sancionados o deportados.
EL NOMBRE DE CHÁVEZ JR. VINCULADO A LOS GUZMÁN
La detención migratoria de Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, desató especulaciones sobre sus nexos con el Cártel de Sinaloa. Anabel Hernández fue más allá al señalar su relación con la familia de Ovidio Guzmán. Específicamente con Frida Guzmán, a quien se ha señalado como nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Quien se casara con ella tendría que pasar por muchos filtros por parte de este clan criminal. Chávez Jr. no solo los pasó, sino que fue beneficiario de la fortuna de Frida”, expuso.
Hernández también apuntó a la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a estos casos, mientras que son las autoridades estadounidenses las que ejecutan detenciones o remueven visas a figuras públicas con vínculos sospechosos.
CAMBIO DE PARADIGMA: SE CIERRA EL CÍRCULO DE TOLERANCIA
Uno de los temas más insistentes de la entrevista fue el cambio de actitud de las autoridades de EE.UU. hacia los artistas que simpatizan o colaboran con grupos criminales.
“Antes de que los deporten, antes de que pasen el trago amargo de ser expuestos de ‘le quitaron la visa’, muchos artistas ya prefieren irse. Saben que ahí ya no lo pueden hacer”, declaró Hernández.
Este viraje coincide con una mayor presión internacional sobre lavado de dinero, narcotráfico y apología del delito. Tanto en los circuitos legales como en la cultura popular. Hernández plantea que el tiempo de la permisividad se terminó.
UNA LLAMADA DE ATENCIÓN AL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
Finalmente, Anabel Hernández hizo un llamado crítico a la industria musical y del entretenimiento:
“Ya no es solo un asunto de imagen, sino de consecuencias legales. Seguir participando en eventos ligados al crimen puede tener costos migratorios, penales y sociales muy altos”.
La periodista adelantó que más casos podrían salir a la luz, y que lo que hoy parece solo una advertencia, mañana podría convertirse en una red de detenciones, cancelaciones de visas y procesos legales.
