El fortalecimiento del estado de derecho, así como el abatimiento de la impunidad y la corrupción, no pueden seguir siendo considerados como “objetivos deseables” si se pretende superar la crisis de seguridad que trastorna desde hace diez años al país.
Así lo advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al inaugurar el “Foro en seguridad interior, seguridad pública y derechos humanos: Análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior”, convocado por dicha organización en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la intención de “abonar” a la discusión sobre la polémica ley en la materia promovida por el Estado.
“La garantía de la seguridad de las personas y el abatimiento de la impunidad y la corrupción deben ser asuntos prioritarios en la agenda nacional. En este contexto, la discusión sobre el marco normativo que sería aplicable a las tareas que con carácter extraordinario llevan a cabo nuestras fuerzas armadas desde hace más de diez años, no implica la solución a la compleja problemática de inseguridad y violencia en el país”, sostuvo el ombudsman nacional.
A lo largo de su intervención, desde el auditorio Héctor Fix-Zamudio, González Pérez criticó la estrategia impuesta por las dos últimas administraciones federales para responder a la “epidemia de muerte” que la delincuencia organizada ha desatado en el país.
Expuso: “La participación de las fuerza armadas en este tipo de tareas no es lo más deseable, dada la naturaleza de sus funciones constitucionales. Su participación en materia de seguridad de las personas, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse de manera permanente o promoverse que así sea.
“La seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil. Nuestras fuerzas armadas deben volver, cuando las circunstancias del país lo permitan, a las funciones que le son propias bajo un programa gradual y verificable”, lanzó González Pérez.
Y continuó: “La estrategia de seguridad implementada en 2007 ha tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de elementos de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generen condiciones que propician que se puedan cometer las mismas.
“Por graves que sean las circunstancias que atraviesa el país, el Estado mexicano no puede vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas. En cualquier marco jurídico la detención arbitraria, la tortura, los tratos crueles, degradantes e inhumanos, las ejecuciones arbitrarias, las escuchas ilegales constituirán violaciones a derechos humanos y delitos”, recalcó.
Para el abogado no hay duda de que temas “tan graves” como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes, entre otros, “tienen como contexto la inseguridad, la violencia y la impunidad” que persisten en la República.
Para afrontar dichos “retos” en materia de seguridad interior, dijo, éstos deben atenderse con un enfoque integral, partiendo de una lógica preventiva más que reactiva. Afrontarlos de manera parcial, siguió, no resolvería las cuestiones de fondo.
La “tan postergada” formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y fortaleciendo los derechos sociales, así como el combate al tráfico de armas y revisar el sistema penitenciario, son algunas de las cuestiones que, refirió, se “deberían atender” para dar una respuesta más eficaz a los problemas de seguridad y justicia que el país enfrenta.
La “necesidad” de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido que en su caso debiera tener la misma, “no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas”, concluyó el presidente de la CNDH.
Y fue muy enfático al señalar que “cualquier instrumento jurídico que eventualmente se formule, necesariamente debe tomar como premisa el respeto a la dignidad de las personas. No debe propiciar que se restrinjan derechos como la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito”.
Finalmente, González Pérez recordó que fue en la misma UNAM, donde se albergó este foro, donde hace casi una década participó de espacios similares para abordar la necesidad de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, lo que no ha podido consolidarse durante dos administraciones federales.
