La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, no necesitan contratar abogados privados para recibir la reparación integral del daño. El accidente, ocurrido el 28 de diciembre, dejó 14 personas fallecidas y 109 lesionadas, incluyendo el reciente fallecimiento de Hilda Alcántara, de 73 años.
¿DESPACHOS LEGALES INCENSARIOS?
Sheinbaum explicó que aunque los afectados pueden acudir a despachos legales si así lo desean, considera esta medida innecesaria por dos razones fundamentales:
La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación de oficio que abarca los hechos del accidente, por lo que cualquier denuncia adicional se sumará automáticamente a la investigación en curso.
“Aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió”, señaló la presidenta.
Algunos bufetes se acercan a las víctimas ofreciendo servicios gratuitos, pero terminan reteniendo un porcentaje de la reparación integral del daño.
“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño”, expuso Sheinbaum Pardo.
La mandataria aseguró que el gobierno garantizará la reparación integral del daño, conforme a protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas vigente, la cual establece restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
ACCIÓN LEGAL DE VÍCTIMAS
Una familia de misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó este lunes una denuncia ante la FGR por las lesiones sufridas durante el descarrilamiento, integrándose a una acción legal colectiva que busca deslindar responsabilidades penales. La familia, compuesta por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, viajaba en el vagón que cayó al fondo de un barranco entre Nizanda y Chivela.
El abogado Adrián Arellano, del despacho Vega Mac Gregor Arellano, que representa a las víctimas, explicó que la denuncia está dirigida contra funcionarios públicos que no supervisaron la construcción y contra empresas contratistas omisas.
Las compañías señaladas incluyen COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, previamente cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación por falta de evidencia de que realizaron los trabajos contratados.
IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS OFICIALES
El caso resalta la relevancia de los mecanismos oficiales de reparación para víctimas de accidentes graves y cómo la Ley General de Víctimas protege los derechos de los afectados, evitando que intermediarios lucren con indemnizaciones.
Finalmente, la coordinación entre la FGR y las autoridades locales busca garantizar que todas las víctimas sean incluidas en el mismo proceso judicial y reciban la indemnización correspondiente.
