México
La Secretaría de Gobernación adelantó que el Estado mexicano atenderá las medidas de reparación que ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Atenco y recordó que desde 2013 reconoció su responsabilidad por las violaciones a derechos humanos cometidas contra mujeres.
Ayer, cinco de esas 11 mujeres denunciantes de tortura sexual expusieron ante los jueces de la CoIDH sus historias de lo sucedido 3 y 4 de mayo de 2006. Han pasado 11 años de los hechos violentos ocurridos durante los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, pero para ellas, que denuncian agresión sexual a manos de policías, sigue siendo difícil evocar los recuerdos.
A petición de los jueces, fueron explícitas sobre la manera en que actuaron los elementos de seguridad pública tanto en el momento de la detención como en su traslado e ingreso al penal de “Santiaguito”. Por la crudeza de los relatos fue inevitable que rompieran en llanto.
“Entonces un policía me jaló del pantalón, me puso contra la pared y metió su mano en mi vagina, y ahí estuvimos y me siguieron pateando”, recordó Angélica Patricia Torres Linares en el salón de audiencias de la Corte, en San José, Costa Rica.
También declararon Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La comisionada representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May Macaulay, inició con la exposición de motivos y argumentó que por la severidad de la violencia infligida a las mujeres constituía un caso emblemático de tortura y discriminación por razones de género.
Añadió que el Estado mexicano incumplió al menos tres tratados internacionales en el caso Atenco, además de existir fallas en la investigación de la cadena de mando en los operativos.
Después, las mujeres estudiantes, comerciantes y amas de casa fueron llamadas a declarar. Para algunas era más fácil el discurso, para otras fueron necesarias varias pausas, pues se les quebraba la voz.
“La tortura sexual destruye vidas, familias y comunidades enteras. Las sobrevivientes nos hemos tenido que reconstruir solas luchando por la verdad. No olvidamos que el Estado debe investigar”, manifestó Norma Jiménez, primera en declarar.
Tras el relato de las víctimas venían los cuestionamientos de los jueces, quienes se observaban asombrados de las descripciones sobre la falta de acompañamiento en los procesos judiciales.
“Cuando yo denuncié las agresiones sexuales rompieron mi declaración y me dijeron que yo no iba a declarar, que yo me iba a abstener. Luego, cuando intenté presentar las pruebas, los peritajes ante el Estado, todo el tiempo el cuestionamiento era hacia a mí”, expuso Italia Méndez.
Mientras, los jueces replicaban: “¿Nunca viste al juez en el penal?, ¿supiste cómo se llamaba?, ¿qué es una rejilla de prácticas?, ¿qué entienden por cadena de mano?”
Las demandantes coincidieron en que ninguna reparación les devolverá el tiempo perdido entre litigios y detenciones. No obstante, exigieron que, además de que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad y se haga justicia, se cree un centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual.
El Estado mexicano, representado por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para asuntos multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, permaneció atento a cada uno de los testimonios y realizó breves preguntas sobre si las víctimas conocían los esfuerzos del Estado por reparar los daños.
El 3 de mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se enfrentó con policías municipales después de que a floricultores no se les permitió continuar con la venta en el mercado municipal de Texcoco.
En protesta, bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. El 4 de mayo 2 mil policías estatales y 700 federales los desalojaron con violencia e ingresaron a San Salvador Atenco. El saldo, más de 200 detenidos y dos muertos.
