Acapulco, Guerrero.
Francisco, el único hijo de Dominga García, estaba a punto de terminar una maestría en Psicología. Tenía 36 años y ahora le tocaba a él a ayudar a su familia, que se había sacrificarlo para intentar sacarlo del empobrecido barrio donde vivían en una de las laderas que rodean el famoso puerto de Acapulco.
Arturo, el hijo de 19 años de Elisa Ceballos, estaba en su primer año de universidad. Estudiaba Electromecánica y era la “única esperanza” de futuro para su madre.
Ambos fueron asesinados.
Una familia optó por el silencio para garantizar su seguridad. La otra exigió justicia y, debido a eso, tuvo que dejar su casa y su negocio.
Las pocas alternativas posibles para las víctimas demuestran la complejidad que se vive en muchas partes de México cuando está a punto de acabar el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, un sexenio en el que los ciudadanos parecen haber aprendido que su gobierno no les dará ni seguridad ni justicia.
El país podría concluir 2018 con más de 30 mil asesinatos, lo que convertiría este año en el más letal en al menos dos décadas. Pero más desesperanzador que las cifras, es la falta de soluciones. El domingo los mexicanos elegirán a un nuevo presidente que heredará el problema, pero ninguno de los cuatro candidatos ha aclarado cómo afrontará un rompecabezas que ha estado sin solución durante dos presidencias.
Y en pocos lugares de México este problema se vive de forma tan descarnada como en Acapulco. El puerto que a mediados del siglo pasado era el paraíso de los más glamorosos actores de Hollywood comenzó a convertirse en una pesadilla desde que el expresidente Felipe Calderón inició su guerra frontal contra el crimen organizado en 2006. La violencia entonces comenzó a crecer y la ciudad parece inmersa en una espiral de muerte a la que no se ve fin.
Las cifras oficiales hablan de 834 homicidios el año pasado solo en esta ciudad del estado sureño de Guerrero donde, en total, fueron asesinadas 2.530 personas y donde todavía sigue impune y sin aclarar la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014, un caso en el que estuvieron implicadas autoridades locales, policías y posiblemente también el ejército.
“Ha cambiado las vidas de muchas personas aquí en el estado”, comenta Francisco Ramírez, el esposo de García.
A su hijo Paco, como le llamaban todos, lo mataron en diciembre. Su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina con otros tres cadáveres dos semanas después de su desaparición.
Sus padres nunca presionaron para que hubiera una investigación, nunca preguntaron quién era el responsable. Paco no estaba involucrado en actividades criminales, según sus padres. Era un administrador universitario que había trabajado como voluntario por todo el estado con jóvenes en situación de riesgo.
Quien se lo llevó, limpió su cuenta bancaria justo cuando el joven acababa de recibir el aguinaldo navideño. Por eso García cree que el móvil pudo ser el robo. Pero preguntar mucho puede ser peligroso. La familia tiene que mirar por la seguridad de los que todavía viven, sus otros hijos y nietos.
“Yo lo que quería era el cuerpo de mi hijo”, recuerda la mujer. Lo consiguió, y por eso se considera una afortunada en medio de tantas familias que nunca vuelven a saber de los suyos.
Piden que haya paz
García cree que la lucha frontal contra el crimen solo ha servido para aumentar el derramamiento de sangre. “Tiene que haber uno quien ponga la paz”, desea. “Que haya paz, que haya dialogo, para que pueda haber reconciliación”.
Sus palabras traen a la mente las propuestas del candidato favorito en estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista que aboga por las soluciones sociales contra la violencia en lugar del militarismo y quien se atrevió a plantear la posibilidad de conceder una amnistía a ciertos criminales.
Ella no se pronuncia sobre el candidato, pero una pegatina del partido de López Obrador, Morena, adorna la puerta de hierro que tuvieron que poner tras el asesinato de Paco donde antes solo había una cortina.
Muy cerca de allí, en una de las calles estrechas y empinadas de ese barrio, Laura Caballero, candidata a diputada estatal por el Partido del Trabajo, un aliado de Morena, habla con los vecinos como parte de su campaña electoral.
Hace tres años, Caballero tuvo que cerrar su restaurante, uno de los negocios que había tenido desde hacía cuatro décadas en la avenida más turística de la ciudad, debido a las extorsiones que sufría. La semana previa, un hombre que intentaba esconderse de sus perseguidores en el edificio de al lado de ese restaurante fue baleado.
Recordar todo eso enfurece a Caballero, que rechaza la respuesta militarizada que se está dando al crimen en Acapulco, una ciudad donde ya es habitual que efectivos de la Marina patrullen la avenida costera con uniforme y armados hasta los dientes mientras los turistas pasean junto a la playa en bañador.
“Esta es una guerra que no se va a combatir con otra guerra”, asegura.
A su juicio, la ola de crímenes de los últimos años es un problema social que debe atajarse con más oportunidades para los jóvenes, más opciones para que estudien y más deporte. “Que nos dejen vivir en paz”, suplica.
