México es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, y primero de América, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP).
El análisis ubica a México en el cuarto sitio entre países más impunes, con 69.21 puntos, sólo por debajo de Filipinas (75.6), India (70.94) y Camerún (69.39).
Otros países de América Latina ocupan la mayoría del top 10 de la lista, con Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua, que van en fila detrás de México.
Por otra parte, las 10 naciones menos impunes son: Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega, Montenegro, República Checa, Grecia, Alemania y Países Bajos.
El estudio de la UDLAP señala que altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, problemas de estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.
La universidad indica que, en general, México ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad, aunque en el IGI se ubica en el sitio 66 de 69 (o cuarto más impune) entre aquellos países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo.
En los temas que el estudio detecta como urgentes de atender para México se encuentra la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.
El estudio destaca el incremento del número de policías en México, 359 por cada 100 mil habitantes, no obstante, asegura que eso no representa que los uniformados tengan la preparación adecuada para cumplir con su deber.
Para contrarrestar las estadísticas, el Índice recomienda que México debe tomar medidas urgentes para reducir los niveles de impunidad, como dotar de más presupuesto a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, siempre y cuando se refleje en la capacitación, mejora de infraestructura y profesionalización de los sistemas mencionados.
