A través de la “caja negra” del Ramo 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó de manera discrecional recursos multimillonarios a gobiernos estatales priistas, sobre todo en años anteriores a procesos electorales, de acuerdo con la organización México Evalúa.
El año pasado, el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña destinó 36 mil 300 millones de pesos a los 15 gobiernos estatales priistas, y otros 11 mil 738 millones de pesos a los 10 gobiernos del PAN a través de tres programas presupuestarios que integran el Ramo 23: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin)
En 2011, el año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero Arroyo –entonces secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa– entregó 8 mil 80 millones de pesos a gobiernos estatales encabezados por el PAN y 3 mil 849 millones de pesos a gobernadores del PRI.
El estudio “Arquitectura del Ramo 23”, presentado hoy por México Evalúa, evidencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó estos recursos multimillonarios como una herramienta de “control político”: la empleó tanto para “premiar” a los gobernadores aliados como para “castigar” a los opositores, especialmente en periodos electorales.
Los casos del Estado de México y de Chihuahua lo exhiben con toda claridad: entre 2009 y 2012, el gobierno del Estado de México –es decir, de Peña Nieto– recibió un promedio de mil 584 millones de pesos cada año derivado de estos tres programas del Ramo 23.
Y a partir de la llegada al poder de Peña Nieto, la tendencia cambió de manera dramática: entre 2013 y 2017, la SHCP entregó un promedio de 8 mil 327 millones de pesos cada año a la entidad, bastión histórico del PRI; es decir, seis veces más que con Calderón.
En Chihuahua sucedió lo contrario: Mientras el priista César Duarte Jáquez –ahora prófugo– gobernaba la entidad, el gobierno de Peña Nieto le entregó un promedio de 874 millones de pesos cada año.
En 2016, año electoral, Videgaray envió mil 573 millones de pesos a la entidad, pero el PRI no logró mantenerse en el poder y, en 2017, con el panista Javier Corral Jurado como gobernador, la SHCP le otorgó apenas 70 millones de pesos.
Durante los últimos cuatro años del sexenio de Calderón, el estado de Nuevo León –gobernado por el PRI– recibió alrededor de 240 millones anuales de estos programas. Con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos se disparó ese monto a 3 mil 613 millones de pesos anuales en promedio; y después del triunfo de Jaime Rodríguez Calderón a la gubernatura, lo disminuyó a mil 66 millones de pesos.
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, denunció hoy que la SHCP es “juez y parte” en el otorgamiento de estos fondos millonarios, los cuales sirven con fines políticos.
El Ramo 23, otrora conocido como la “partida secreta” de los presidentes de México, proviene de los ingresos excedentes del Estado mexicano, los cuales surgen del endeudamiento y de los ingresos excedentes que no aparecen en los proyectos de presupuesto que cada año aprueban los diputados.
Concentra varias partidas presupuestarias para los gobiernos estatales y municipales que no están regidas por ley ni reglas de operación, ni tampoco con un sistema de rendición de cuentas, sino por lineamientos de la SHCP.
En otras palabras: al no existir en términos de ley, estos recursos se pueden utilizar con discrecionalidad por el Ejecutivo federal, a través de programas poco transparentes o francamente opacos.
Ello ocurre sin provocar ninguna reacción del Congreso, que supuestamente “tiene mano” en materia de presupuestos, insistió Jaime.
Si bien el uso discrecional del Ramo 23 ha sido una práctica recurrente en la política mexicana, la administración de Peña Nieto lo llevó a alturas inéditas: en los últimos cinco años, la SHCP entregó más de 318 mil millones de pesos a gobiernos estatales y municipales, seis veces más que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando los tres programas concentraron 57 mil millones de pesos.
