La bomba prometida finalmente detonó. La denuncia que Emilio Lozoya presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) se filtró ayer y reveló los alcances de un proceso judicial inédito en la historia política del país: sus acusaciones alcanzan a tres ex presidentes de México y cuatro ex secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, presuntos responsables de recibir sobornos y beneficiarse con una red de favores a lo largo de una década.
De cabo a rabo en una denuncia que se extiende por más de 60 cuartillas, el ex director de Pemex desnudó las entrañas de un esquema de corrupción transexenal que permeó en la clase política y en donde fue instrumental el papel jugado por la maquinaria de corrupción del magnate brasileño Marcelo Odebrecht, quien literalmente habría llegado a tener bajo su influencia a legisladores e incluso a los presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, con miras a obtener recursos millonarios en México.
“No era una relación soborno-contrato-soborno. Era una relación más profunda. Se trataba de ejercer influencia sobre el presidente de la República y el Legislativo de México”, denunció. Cómplice de ese esquema, el ex mandatario Peña Nieto habría ordenado beneficiar a diversos empresarios y otras personas, derivado de los compromisos del Pacto por México.
“… más tarde comprendí que se trataba de implementar mecanismos que se tradujesen en beneficios de diversos tipos para los empresarios, especialmente de tipo económico”, indicó Lozoya en su declaración.
Relató que el 6 de febrero de 2013, por instrucciones de Peña Nieto, recibió a personal de Altos Hornos de México (AHMSA) en la sala de juntas “La Herradura”, en piso 44 de la Torre de Pemex. AHMSA buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados. “Ellos tenían una planta llamada Agronitrogenados, la cual no estaba en operación”.
También salieron señalados personajes como Ricardo Anaya —acusado de recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos— y senadores del Partido Acción Nacional, a los que Lozoya denunció por haberse consolidado en una pandilla criminal que intentaba extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.
“El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
“Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329…, pues a solicitud de Luis Videgaray Caso (entonces secretario de Hacienda), de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, detalló.
En la trama, en la que Lozoya se ubicó como víctima de una clase política y empresarial depredadora —en numerosos pasajes hace ver que trató de “resistirse” a las órdenes ilegales que recibía—, un personaje asume un papel central: Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, quien emergió como el cerebro maestro detrás de numerosos esquemas de corrupción.
Por ejemplo, los sobornos a legisladores eran palomeados sistemáticamente por Videgaray, después eran transportados por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas de Construcciones CITapia y entregados al jefe de ayudantes de Emilio Lozoya, José Velazco Herrera.
Quien también apareció en la narración, por vez primera, fue el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, señalado por Lozoya de prácticamente actuar como mafioso y cabildear a favor de diversos proyectos relacionados con Pemex.
José Antonio González Anaya, su sucesor en Pemex y concuño de Salinas, le envió un mensaje de amenaza: dijo que tuviera cuidado con Carlos Salinas, ya que a quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba “traidores”. “Me sugirió irnos a cenar con él, porque de lo contrario me seguirían golpeando en medios de comunicación”.
Al dar cuenta de cómo el esquema de corrupción fue transexenal, Lozoya aseguró que en el gobierno de Felipe Calderón se “gestaron sólidos esquemas de corrupción”, particularmente con Odebrecht, a través de su filial Braskem.
“… tal era la relevancia de la relación entre Felipe Calderón y Braskem, que no solo se le otorgó un contrato por más de 20 años de venta de etano con un descuento inexplicable de aproximadamente 25 por ciento, siendo que el etano tiene un precio internacional, sino que además decidió darle tal relevancia a este acto ilícito, y dañino al patrimonio de la nación, que encabezó, en calidad de testigo, invitando al presidente (de Brasil) Lula da Silva, a la firma de dicho contrato”, el cual fue suscrito por Pemex y Braskem el 23 de febrero de 2010.
En este tema, involucró al entonces secretario de Energía, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, por intervenir y dar condiciones especiales en la venta de etano.
CONFIRMA FAJOS PARA PANISTAS
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, detalló en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República las entregas de fajos de billetes en bolsas bancarias transparentes al ex secretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, tal como se exhibió en un video el lunes.
Aunque la FGR aseguró que el video que circuló en redes sociales no había sido entregado como prueba, el ex funcionario promete en su declaración que presentará la filmación de Francisco Olascoaga, el jefe de Departamento Administrativo en la dirección general de Pemex cuando acudió a entregar el dinero que exigían los ex senadores.
Como exhibe el video, Lozoya describe que las entregas se realizaban en billetes de denominaciones de 200, 500 y mil pesos y así “los montos eran fácilmente identificables, pues se encontraban en bolsas identificadas por diversos bancos (Banorte, por ejemplo), por lo que no era necesario contarlo al momento de la entrega”.
Por lo que en el material Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez Badillo, hasta el pasado lunes secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, solo cuentan los montones de billetes y acumulan 12 bolsas en una maleta negra.
“El enlace acudía con una maleta con ruedas para transportar las entregas de dinero en efectivo”, detalla Lozoya. En su narración comienza explicando que fue en febrero de 2013 cuando el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le indicaron que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición para aprobar ciertas reformas estructurales que, después supo, se trataba de la reforma energética.
“Yo intervine principalmente en la aprobación de la reforma energética entregando, a través de terceros, ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado y un diputado federal, y que esos recursos eran, entre otros, precisamente puestos por Fabiola Tapia Vargas en efectivo, en razón a las transferencias de Odebrecht”, dice la denuncia. También explica que los beneficiarios eran designados sistemáticamente por Videgaray.
Y ADEMÁS
FGR ABRE CARPETA POR LA FILTRACIÓN
LaFGR y la defensa de Emilio Lozoya se deslindaron de la copia de la denuncia difundida en medios de comunicación. La fiscalía anunció una investigación:
“La copia de la denuncia presentada por Emilio ‘L’ ante esta fiscalía que está circulando en los medios no fue proporcionada por esta institución, por lo cual se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para las diligencias necesarias”. En tanto, el abogado Miguel Ontiveros Alonso indicó que será la vía institucional la que regirá su actuar.
SE CAE ORDEN PARA CAPTURAR A ANCIRA
Un secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del cual lo acusó la FGR ya prescribió.
Es decir, pese a existir indicios en su contra en el caso Agronitrogenados, no puede ser juzgado. Amós José Olivera Sánchez, secretario del juzgado tercero de distrito en Chiapas, le concedió un amparo a Ancira, quien se encuentra en España enfrentando su proceso de extradición.
