CIUDAD DE MÉXICO.
Desde agosto de 2016 casi un año después de que Rosario Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en medio de señalamientos sobre presuntos desvíos de fondos en esa dependencia–, el equipo de José Antonio Meade respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “se desconocía” la documentación de los quebrantos millonarios al erario federal por la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y un tercero por casi 23 millones.
En su respuesta a las observaciones enviadas por Muna Dora Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense de la ASF, Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, dijo desconocer “los actores, términos y condiciones bajo las cuales se realizaron tales conciliaciones y gestiones”; más aún, dijo, “se desconoce [con] qué documentación soporte se estarían llevando a cabo las mismas”.
Sin embargo, Vives no presentó ninguna demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de sustracción de documentos oficiales contra integrantes del equipo de Rosario Robles.
Sin comprobar
En uno de esos pliegos de observaciones enviados por la ASF a la Sedesol se señala el presunto desvío por 2 mil 435 millones de pesos al analizar el convenio del 2 de junio de 2014 que la dependencia suscribió con la UAEM “para pagar a 134 coordinadores técnicos sociales”.
“Dichos gastos los debía realizar la universidad para cumplir con el objeto del citado convenio, el cual consistía en desarrollar un Servicio Integral de Orientación y Evaluación de las Actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportación por la Infraestructura Social”, anotó la ASF en el documento fechado el 1 de julio de 2016.
Mediante ese esquema de desvío de fondos, la Sedesol y la UAEM firmaron otro convenio por 77 millones 847 mil pesos. La ASF destacó que no se contaba con la documentación “que acredite la totalidad de los servicios contratados”; tampoco se tiene la certeza de que “los recursos federales que la Sedesol pagó al amparo del convenio antes mencionado se hayan destinado para realizar el servicio solicitado” a la universidad.
La respuesta de Vives López, con copia a Meade, entonces titular de la Sedesol, fue que “tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia” no se encontraron ni se “identificaron elementos distintos” a los ya aportados por la ASF.
En un tercer oficio enviado a la ASF en octubre de 2016 –cuando el titular de Sedesol era Luis Enrique Miranda Nava–, Vives López respondió al órgano fiscalizador en términos similares por el presunto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 944 mil pesos, relacionados con un convenio firmado entre la secretaría y la misma universidad para un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Meade ante la red de Rosario Robles
Tras conocerse públicamente el informe de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el equipo de Rosario Robles en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad, pero no mencionó si presentó una denuncia por las irregularidades detectadas.
“A mí me tocó ser secretario de Sedesol y en esa capacidad realizaron una investigación, con cargo a las rendiciones de la cuenta pública, que se hizo mientras yo era secretario. Se realizó una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia de la función pública”, presumió el funcionario.
Meade, quien ahora es el candidato presidencial del PRI, señaló que más de 460 servidores públicos fueron separados de sus cargos. Se detectó que “un número muy importante” de adultos mayores habían sido dados de alta, pero en realidad no existían, por lo que tocaba a la ASF y a la PGR “deslindar” responsabilidades.
“A mí no me toca hacer un deslinde”, sentenció Meade en declaraciones a la prensa el miércoles 21.
La “investigación profunda” de Meade no llegó a tocar ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos en Sedesol, que aplicó exactamente el mismo esquema ahora en la Sedatu, tal como acreditó la ASF.
Un documento interno de la Sedesol, al cual tuvo acceso este semanario, relata que existió una “confabulación” del director general de Programación y Presupuesto de Rosario Robles, Francisco Báez Álvarez, así como una red de complicidades con el director de Recursos Materiales, Enrique Prado Ordóñez, el coordinador de Asesores, Humberto Valverde, y el empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que presuntamente opera las compañías fantasmas desde despachos y domicilios ubicados en Tenysson y Presidente Masaryk, y en Newton y Lope de Vega, ambos en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
De acuerdo con el relato de esta fuente interna de Sedesol, tanto Prado como Hinojosa se encargaron de contactar a las universidades y pusieron las empresas “fantasma” que triangularon los fondos, aprovechando la exención de licitar en el caso de entidades públicas como las universidades. Otra funcionaria involucrada es Martha Montoya, quien fue tesorera en Sedesol y ahora ocupa un cargo similar en la Sedatu. Ella dejó alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación en Sedesol. En Sedatu, en menos de tres meses, de octubre a diciembre de 2015, habría desviado más de 213 millones de pesos del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
