La Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se proponen cambios a los artículos Constitucionales 25,27 y 28 fue presentada desde septiembre de 2021 y entre sus principales objetivos se encuentran que el gobierno tenga el control total del litio, como sucede con el petróleo, además de imponer un marco regulatorio que asegure a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el orden preferencial para la generación y venta de electricidad en el país.
La iniciativa expresa claramente que se trata de una contrareforma a la publicada el 20 de diciembre de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de que el objetivo real era la desaparición de las empresas energéticas del Estado.
La iniciativa de AMLO justifica la necesidad de una nueva reforma pues considera que el parque de generación de la CFE se fragmentó en seis empresas autónomas para asegurar su desaparición.
Además, acusa que esta empresa del Estado tiene un solo presupuesto público y debe distribuirlo entre las seis entidades sin que el director general, en este caso Manuel Bartlett, controle su administración pero aún así debe rendir cuentas por cada subsidiaria.
Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la CFE pierde 215 mil millones de pesos anuales por energía no despachada y otros 222 mil adicionales por la compar de energía al sector privado.
Asegura que la Reforma de 2013 viola sus propias normas y la considera insostenible porque “los grupos privados históricamente están más atentos a sus intereses y rentabilidad y no atienden la demanda nacional y su ritmo de crecimiento”.
De acuerdo con la iniciativa presentada por López Obrador, la intención es revertir la Reforma impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013 y que a partir de ahora la electricidad sea un área estratégica cargo del Estado, y a través de la CFE preservará la autosuficiencia energética. Por ello esta empresa tendría garantizado al menos un 54% del total de la producción y distribución para toda actividad económica y social.
Así, la iniciativa propone que “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos del Estado y organismos descentralizados que en su caso establezcan”.
En su propuesta de Reforma, el gobierno federal pretende tener facultades sobre el litio como actualmente las tiene sobre el petróleo y negar concesiones para la explotación de este mineral, y su extracción quedará de forma exclusiva reservada a empresas del Estado o en su caso, implementará mecanismos similares a las rondas petroleras para asignar contratos y yacimientos delimitados a privados siempre y cuando dividan las ganancias con el Estado mexicano.
Para ello busca modificar el artículo 27 de modo que “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos del Estado y organismos descentralizados que en su caso establezcan”.
Con la nueva redacción el Gobierno federal tendría “la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas” y destaca que “tratándose de litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones”.
Para la administración de la 4T, las funciones que el Estado ejerza sobre el litio, la generación de energía nuclear y la exploración así como la extracción de petróleo no se considerará un monopolio.
Sin embargo, el 15 de octubre de 2020, Graciela Márquez, en ese entonces Secretaría de Economía, dijo ante una comisión del Senado de la República que México no posee grandes reservas de litio como se ha dicho.
“México no tiene el yacimiento más grande de litio. No hay un solo kilogramo que se produzca, tenemos unos yacimientos con un contenido muy bajo”, afirmó Márquez durante una comparecencia en el Senado. “Es muy importante, y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio”, dijo la secretaria ante los legisladores como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
En este sentido, el ex secretario de Gobernación y pre candidato presidencial, Santiago Creel consideró que el gobierno obradorista propicia un falso debate sobre el litio porque la Constitución actual ya establece en su artículo 27 que todo lo que está en el subsuelo ya pertenece a la nación.
El lunes pasado, el presidente López Obrador apuntó que aunque no se logre aprobar su iniciativa de reforma Eléctrica, intentará preservar el control sobre el litio a través de una modificación a la Ley Minera y reiteró que su gobierno no concederá concesiones a ninguna empresa privada en ese sector.
Luego que este martes se tenía contemplado llevar al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente de la República, los diputados de oposición decidieron pernoctar en el recinto legislativo para evadir el bloqueo que seguidores de Morena pretendían implementar este día.
Por esta razón, la dirigencia de Morena decidió cambiar de último minuto la sesión para el próximo domingo 17 de abril, en una maniobra que los analistas políticos consideran tiene el propósito de celebrar la votación con un menor quórum y así tener más posibilidades de lograr la mayoría calificada junto a su saliados del Partido Verde y el PT.
