En 2017, el 73% de los funcionarios federales decidió no transparentar la información de su declaración patrimonial, y en el caso de los que sí lo hicieron no hay certeza de que los datos publicados en el portal Declaranet, administrado y supervisado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sean correctos y confiables, de acuerdo con la organización Data Cívica.
El caso más extremo es el de un funcionario de la SFP, que trabaja en la coordinación de asesores de la dependencia, quien decidió llenar el formulario con información falsa, comenzando por su nombre. Este servidor público tecleó como nombre cuatro veces la letra “A” y dos veces la letra “D”: AAAADD. Para sus dos apellidos siguió el mismo mecanismo: tecleó cuatro veces la letra “A”. Es decir, se llama AAAADD y se apellida AAAA AAAA.
El resto de la información de su declaración la llenó de la misma forma, pues dice que su cónyuge es socio(a) de una fundación ubicada en el estado “4444”, y tiene un dependiente económico que trabaja en la empresa “333”, desde hace 222 años.
Y así ha estado desde 2013 cuando el funcionario (o funcionaria) señalado comenzó a registrar su información en el sistema público, sin que en esos cinco años nadie en la SFP se diera cuenta.
“Es el ejemplo más extremo de lo poco confiable que es la poca información que la plataforma Declaranet ofrece a los ciudadanos”, dijo Carolina Torreblanca, directora de Análisis de Datos y Contenidos de la organización Data Cívica.
“Es muy difícil tener certeza de que la información que contiene la plataforma Declaranet es verídica, y hay muchos errores muy fácil de detectar de la poca información patrimonial que decidieron revelar”, y ejemplifica:
“Hay unas cosas que son, evidentemente errores de dedo, no creo que haya dolo sino incompetencia al llenar la información: por ejemplo, hay declaraciones en donde dicen que ganan 1 peso anual por el cargo que ocupan, hay 328 casos que reportaron un ingreso anual menor a mil pesos, y 40 casos que reportaron ingresos superiores a los 10 millones, y un caso que registra ingresos por 130 millones de pesos. Y eso no es real”.
En septiembre del año pasado, Animal Político dio a conocer que la SFP se había negado a entregar a un ciudadano la base de datos con la información de datos abiertos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios de gobierno, argumentado que no existía algo así y generarla costaría un millón 560 mil pesos y serían necesarios 221 días naturales.
Tras conocerse la noticia, Data Cívica decidió hacer el trabajo de la SFP y, sin tener acceso al sistema y utilizando sistemas robóticos para extraer documentos en PDF y bases de datos públicas, como los listados de nombres de los funcionarios que cada año cumplen con su obligación legal de declarar su evolución patrimonial, lograron construir una base de datos en formato CVS con la información en poco menos de 150 días.
El resultado, que no costó el millón y medio argumentado por la SFP, es la plataforma 1560000.org, en donde se subió la información de los más de 340 mil funcionarios que han hecho su declaración patrimonial y de intereses desde el año 2000 a la fecha.
Animal Político pidió a la SFP una entrevista para hablar del tema, pero dijeron que esperarían a conocer la plataforma de Data Cívica antes de fijar una postura el respecto.
Los hallazgos
Aunque en términos generales el 73% de los funcionarios deciden no hacer pública su información patrimonial; 12% publica parcialmente algo de información y solo el 15% la publica completa, situación que hasta el momento la ley les permite, el porcentaje no es homogéneo en todas las dependencias.
Data Cívica detectó que en 2017 hubo 39 dependencias en donde el 100% de los funcionarios reservó su información patrimonial.
Y aunque la SFP es la responsable de administrar y vigilar que se cumpla con la declaración y el llenado de los formatos, no es una dependencia que se caracterice por su transparencia, pues en 2017 el 90% de sus funcionarios decidió no hacer pública su información patrimonial, una situación que ha ido empeorando con el paso de los años pues de acuerdo con el análisis de Data Cívica en 2014 el porcentaje fue del 83% y la tendencia ha ido a la alza.
Esta situación podrá cambiar en los próximos meses pues de acuerdo la Ley de General de Responsabilidades Administrativas que se aprobó, en junio de 2016, las declaraciones patrimoniales serán públicas con una salvedad se restringirá el acceso a los datos que puedan afectar la vida privada o los datos personales.
Al respecto, dijo Guillermo Ávila, investigador en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, que está en manos del Comité Coordinador del SNA aprobar los nuevos formatos de declaración patrimonial.
“Lo que estamos esperando –agregó—es que se base en los más alto estándares y las mejores prácticas y que se publique información que permita un verdadero escrutinio público sobre las posibles variaciones en la situación patrimonial de los servidores públicos”.
Y agregó que las declaraciones patrimoniales y de intereses “son instrumentos de transparencia gubernamental, rendición de cuentas y combate a la corrupción porque permiten prevenir y detectar variaciones injustificadas de su patrimonio, así como las situaciones en las que sus intereses particulares pueden estar en conflicto con el ejercicio de sus funciones”.
Aunque al Comité Coordinador del SNA le queda poco tiempo, pues es en mayo cuando los funcionarios que componen el aparato de gobierno deben presentar su declaración anual, en donde hacen pública su modificación patrimonial y la SFP debe revisar sí su evolución patrimonial es acorde con sus ingresos.
Si los nuevos formatos no se presentan en mayo y comienzan a aplicarse, entonces será hasta que concluya la administración federal cuando comiencen a utilizarse.
Con los nuevos formatos también tendrá que ponerse en marcha una plataforma digital nacional que incluirá el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, que ahora estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, según establece la ley.
De momento, con el sistema que se tiene, dijo Carolina Torreblanca, no hay una herramienta efectiva de consulta. No sólo no es amigable, pues la información que ofrece se entrega en formato PDF y uno a la vez, además “la mayoría de la información está omitida, y la que no está omitida está llena de irregularidades, es difícil confiar en la veracidad de la información ahí publicada”, concluyó.
