Ante la persistente discriminación y violencia en el país hacia personas unidas por vínculos y afectos diferentes al matrimonio entre mujer y hombre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó la importancia de que la población se adapte a los cambios demográficos, sociales y económicos para aceptar los nuevos modelos de familias.
El organismo consideró que el respeto y protección a esas diferencias conllevan a una convivencia pacífica.
Asimismo, enfatizó la responsabilidad del Estado de generar las condiciones propicias para el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos sus integrantes.
Así lo dio a conocer el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, en el foro Por el derecho de las familias a vivir sin violencia, en el que subrayó que las familias deben ser organizaciones dinámicas, en las que cada integrante debe contribuir a su conservación y funcionamiento para fomentar el desarrollo familiar y, con ello, crear ambientes cercanos y afectivos.
Destacó que ello contribuirá a la erradicación de la violencia contra las niñas, las mujeres, las personas mayores y con discapacidad, que está basada en prejuicios y estereotipos que deben ser combatidos.
Tras mencionar que los nuevos tipos de familias no deben ser rechazados, comentó que en la actualidad éstas pueden estar integradas por padre, madre e hijos; hogares encabezados por madres o padres solteros; parejas sin hijos o que han postergado su paternidad; unipersonales, con individuos que viven solos; parejas del mismo sexo y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijas e hijos.
Por ello, consideró innegable la responsabilidad del Estado para fomentar el respeto a los derechos de las mujeres, de las personas mayores, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el tratamiento diferenciado que se debe otorgar a los integrantes de las familias, a partir de las necesidades y atención que requieran.
Hizo un llamado a las instituciones del Gobierno, sector privado, academias y familias a generar la promoción de la participación política y liderazgo de las mujeres, y la erradicación de la violencia basada en el género. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI 2016, el 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una relación de matrimonio, convivencia o noviazgo han sido agredidas por su compañero en algún momento de su convivencia, también por el padre, madre y hermanos.
Eslava Pérez enfatizó que el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas, acciones y programas para erradicar la violencia al interior de las familias, por lo que la función que desempeñan los Poderes Judiciales en la aplicación e interpretación de las normas y en la legalidad de los actos de las autoridades es determinante para la seguridad jurídica de las y los gobernados, así como para el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Por ello, la protección jurídica de las familias en México cruza los marcos constitucional, convencional y legal que requiere de actividades muy concretas para garantizar el derecho a tener las convicciones éticas, de conciencia y de religión que libremente decidan.
Mencionó que el intercambio de experiencias y buenas prácticas favorecerá la protección, no sólo jurisdiccional, sino de los demás actores que participan en la atención de las familias, así como las adecuaciones legislativas necesarias que posibiliten el ejercicio de los derechos de todas y todos para el mejoramiento de sus vidas.
En este encuentro, en la Ciudad Judicial de Tlaxcala, se contó con la presencia de Sandra Chávez Ruelas, Presidenta del DIF Estatal; Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; magistrado Felipe Nava Lemus, Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; Patricia López Aldave, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
En la mesa “Las familias y el derecho a una vida sin violencia”, Lucía Rodríguez Quintero, Subdirectora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, señaló que la socialización en las familias no debe confundir la disciplina con el autoritarismo, sino considerar que se trata de lograr una convivencia pacífica por medio del diálogo y el consenso; por ello la importancia de reconocer los valores que se desarrollan en el ámbito familiar para fomentarlos en las niñas, niños y adolescentes, y reducir la violencia que se presenta al interior de las mismas.
Finalmente, Marisela Medina Tapia, colaboradora en el Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, consideró que para este Organismo Nacional la violencia contra las personas mayores constituye una violación a sus derechos fundamentales, que causa grave daño o sufrimiento a quienes la padecen. Al impartir la conferencia “Acciones para erradicar la violencia y la discriminación que se ejerce contra las Personas Mayores”, dijo que las mujeres en esa etapa de la vida son quienes sufren maltrato con más frecuencia, por lo que se encuentran en un estado de vulnerabilidad mayúsculo, razón por la cual los Gobiernos de los tres órdenes deben fomentar su integración, promover su participación e implementar campañas de sensibilización y cuidados adecuados, dirigidos a favorecer la autonomía y eliminar la violencia que padecen.
