México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia: más de 120 mil personas desaparecidas o no localizadas. En este contexto, una institución creada para organizar elecciones se ha convertido, sin haber sido diseñada para ello, en la herramienta más eficaz del Estado mexicano para la identificación humana.
A través de su base de datos biométricos, que concentra 101 millones de registros, se ha logrado una efectividad del 54.5 por ciento en la localización de personas vivas y del 34 por ciento en la identificación de personas fallecidas, cifras que superan ampliamente las capacidades actuales de fiscalías y servicios forenses en el país.
UNA FUNCIÓN NO PREVISTA, PERO CLAVE
Desde 2016 se han firmado 41 convenios de colaboración con fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios forenses para realizar confrontas biométricas mediante sistemas de identificación por huellas dactilares y biometría avanzada.
Gracias a estos acuerdos, se han atendido 98 mil 703 solicitudes de identificación de personas fallecidas. De ellas, 34 mil 612 arrojaron registros útiles y 19 mil 869 fueron confirmadas como identificaciones positivas por peritos.
En el caso de personas vivas, el volumen es mayor: 441 mil 522 solicitudes, con una efectividad superior al 50 por ciento.
El contraste es evidente: mientras los sistemas forenses estatales enfrentan rezagos históricos, falta de personal especializado y presupuestos limitados, la infraestructura electoral se ha convertido en la columna vertebral de la identificación en México.
“LA BASE BIOMÉTRICA MÁS ROBUSTA DEL PAÍS”
Durante la presentación de un informe el pasado 20 de noviembre, la consejera Carla Humphrey destacó el alcance del trabajo realizado:
“Hemos puesto a disposición la base biométrica más robusta del país. Más de 98 mil solicitudes de identificación atendidas con más de 34 mil respuestas positivas. Más de 441 mil solicitudes de localización con una efectividad superior al 54 por ciento”.
La base incluye 10 huellas dactilares por persona y una cobertura de CURP del 99.92 por ciento, operando bajo protocolos estrictos de protección de datos personales.
CONVENIOS PENDIENTES Y UNA RED INCOMPLETA
El informe también expone un obstáculo estructural: 30 convenios estatales siguen pendientes de firma, lo que impide que fiscalías y comisiones de búsqueda de esas entidades accedan legalmente a la base biométrica.
“Estos números podrían ser aún mayores, pero actualmente existen 30 convenios pendientes de firma. Es prioritario agilizar su firma”, advirtió Humphrey.
Esta falta de acuerdos limita el alcance nacional de una herramienta que, hasta ahora, ha demostrado ser la más efectiva del Estado mexicano.
LA DIMENSIÓN HUMANA DE LOS DATOS
Más allá de las cifras, el impacto es profundamente humano. La consejera Dania Ravel subrayó que la desaparición no es solo una estadística:
“La desaparición de una persona no solamente afecta a una familia, es una herida social profunda. El INE ha decidido convertir la confianza ciudadana en una herramienta concreta para ayudar a quienes buscan a un ser querido”.
Ravel agregó que, hasta noviembre de 2025, miles de familias han recibido alguna respuesta, aunque el proceso no siempre concluye con certeza jurídica.
IDENTIFICAR NO ES LO MISMO QUE RESTITUIR DERECHOS
Aunque se han confirmado casi 20 mil identificaciones por peritos, solo 438 casos han derivado en la recuperación de un acta o certificado de defunción. El resto queda atrapado en los laberintos institucionales de las fiscalías.
El proceso, advierten especialistas, no termina con la coincidencia biométrica. La confirmación legal y la restitución de derechos siguen siendo el eslabón más débil de la cadena.
Aun así, la colaboración continúa. Como lo resumió Ravel:
“La democracia no es únicamente el acto de votar; la democracia también es garantizar derechos”.
UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE
En un país marcado por la ausencia, la base de datos creada para votar se ha convertido en la principal vía para encontrar a quienes faltan. No fue una función prevista, pero hoy es indispensable.
