La aprobación exprés de la nueva Ley General de Aguas encendió las alarmas de organizaciones sociales, colectivos ambientales, académicos y comunidades que, desde hace años, exigen una legislación que garantice el derecho humano al agua.
La votación —realizada de madrugada— fue interpretada por estos sectores como un golpe directo a la participación ciudadana y a los acuerdos generados en parlamentos abiertos.
Para la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y Agua para Todxs Agua para la Vida, la decisión del pleno no solo ignoró las propuestas ciudadanas, sino que “perpetúa la ley salinista” y mantiene un modelo que concentra el control del agua en manos de grandes concesionarios.
“Alertamos el intento de perpetuar la ley salinista… cuando constitucionalmente la Ley de Aguas Nacionales debería haber sido reemplazada por una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sostenible”, denunciaron.
PREOCUPA LA POSIBLE PRIVATIZACIÓN
El punto más alarmante para la sociedad civil fue la inclusión de disposiciones que, aseguran, abren la puerta a privatizar obras hidráulicas y permitir la intervención privada en sistemas de agua potable y saneamiento.
Además. para las organizaciones, esta medida repite prácticas que en otros estados del país han derivado en tarifas más altas, servicios irregulares y restricción del acceso al agua en comunidades vulnerables.
En su comunicado señalaron:
- Promoción directa de la privatización de obras hidráulicas.
- Cobro discrecional a grandes concesionarios que actualmente solo pagan derechos por el 20% de lo que extraen.
- Exclusión de los derechos de agua de pueblos indígenas.
- Ausencia de medidas para frenar el sobreconcesionamiento y la contaminación de acuíferos.
COMUNIDADES RURALES EXIGEN GARANTÍAS
En las zonas agrícolas, la preocupación es concreta: el artículo 22.
De acuerdo con colectivos rurales, este artículo impide la transmisión de derechos de concesión y coloca toda la decisión en manos de la “autoridad del agua”.
Por otra parte, para productores, este cambio debilita derechos históricos y deja en la incertidumbre a familias que dependen del riego.
Alberto de Santiago Murillo, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advirtió:
“Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.
Y considera que eso amenaza el patrimonio de quienes producen alimentos para el país.
ACADEMIA Y ORGANIZACIONES: “ES UN RETROCESO AMBIENTAL”
Universidades, especialistas en hidrología y colectivos ambientales coincidieron en que la reforma no aborda los problemas más urgentes:
- agotamiento de acuíferos,
- contaminación industrial,
- fracking,
- falta de control sobre megaconcesiones.
Las organizaciones acusan que los Consejos de Cuenca, dominados por grandes usuarios, siguen como eje de la gestión del agua, lo que limita la representación de comunidades y ciudadanía.
“Seguiremos buscando que el poder Legislativo defienda la Constitución”, señalaron, afirmando que actuarán como contrapeso ante la “violación sistemática de derechos” por parte de Conagua.
LOS PARTIDOS, UNA DISPUTA SECUNDARIA
Aunque PRI, PAN y otros grupos opositores cuestionaron el proceso, en esta ocasión el foco no estuvo en la disputa partidista, sino en la respuesta masiva de la sociedad organizada, que acusó que sus aportes fueron ignorados pese a meses de foros y audiencias públicas.
Mientras los partidos discutían el procedimiento, fue la ciudadanía —productores, académicos, pueblos originarios y colectivos urbanos— quien levantó la voz para exigir una ley que proteja el agua como bien común y no como mercancía.
UN FUTURO QUE SE DECIDE EN EL SENADO
Con el dictamen enviado al Senado, las organizaciones llaman a una movilización nacional para presionar a los legisladores a frenar retrocesos y abrir una verdadera deliberación pública.
La disputa por el agua —uno de los recursos más estratégicos del país— se ha convertido en un tema de defensa civil, no solo político.
