El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, decidió este martes aceptar su extradición a México para enfrentar las acusaciones hechas por el gobierno federal, ya que afirmó que no cometió los delitos por los que se le acusa.
La audiencia en Guatemala se retrasó más de una hora, pues estaba previsto que iniciara a las 9:30 de la mañana, hora del centro de México.
El 7 de junio, las autoridades de Guatemala recibieron la solicitud formal de extradición por parte del gobierno de México.
Entre los medios de prueba presentados estaba la orden de aprehensión girada en contra de Duarte por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
También fue presentada fue la denuncia de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de Javier Duarte, José Manzur, José Juan Janeiro y otros.
Otra prueba presentada fueron las escrituras públicas de los bienes inmuebles asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), como ranchos en Veracruz y terrenos en Morelos adquiridos por Moisés Manzur, además de departamentos en un condominio en Boca del Río, Veracruz. También se presentaron contratos de compra-venta de varios inmuebles en Guerrero.
Además, forman parte de la pruebas las entrevistas ministeriales con testigos sobre los hechos investigados.
La defensa del veracruzano dijo las pruebas no aclaran la manera en la cual Javier Duarte estaría involucrado en una organización criminal para el desvio de fondos públicos. Además, indicó que Duarte es víctima de una persecución política en México.
“La propia solicitud formal de extradición aclara que no aparece mi nombre el Registro Nacional de Ejidatarios. En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre, ni ninguno del de mis familiares”, señaló Javier Duarte, tras escuchar las pruebas presentadas en su contra.
Duarte presentó como prueba la solicitud formal de extradición.
El exmandatario informó que los medios de comunicación se han llenado la boca de las presuntas acusaciones de “miles de millones de pesos” que él desvió.
En una primera audiencia, llevada a cabo el 20 de abril, Duarte se reservó su derecho de aceptar la extradición a México, para poder examinar la solicitud del gobierno federal. No negó que aceptará después el proceso.
Duarte es acusado del desvío de millonarios fondos públicos y lavado de dinero. Pidió licencia a su cargo en octubre pasado, un poco antes de concluir su gestión, argumentando que requería tiempo para enfrentar las acusaciones en su contra. Desde entonces se desconocía su paradero, hasta que fue detenido el 15 de abril.
La administración de Duarte enfrenta al menos 52 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del sexenio hasta 2014.
