El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzó a operar en México el martes pasado, con la misión de hallar, por lo menos, a las 37 mil personas que el gobierno contabiliza oficialmente como desaparecidas o no localizadas en todo el país; sin embargo, inició incompleto, y con una declaración de su titular que provocó reclamos de grupos ciudadanos.
La creación del Sistema está estipulada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017.
Su objetivo es ser un órgano de coordinación de las políticas públicas y entes enfocados en la búsqueda de personas en México.
Está integrado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, además de una Comisión Nacional de Búsqueda, y un Consejo Ciudadano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de familiares de víctimas.
Su primera falla es que está incompleto. El Sistema debe integrar comisiones locales de búsqueda de los 32 estados del país. Sin embargo, hasta la fecha solo 7 estados han establecido dicha comisión: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León.
Además 11 estados no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.
“Deberían estar sentadas (en el Sistema Nacional) todas las comisiones de búsquedas de los estados, y hasta el momento solo se han creado el 20%”, dijo en entrevista Volga de Pina, defensora de derechos humanos y especialista en materia de desaparición de personas.
Sobre por qué los estados no han instalado dichas comisiones, Denise González Núñez, especialista en la protección y defensa de derechos humanos, mencionó que se debe a diferentes factores, entre ellos la falta de voluntad de cada gobierno local, el contexto político y la falta de presupuesto.
“Cada día de atraso en el establecimiento de las instancias relacionadas con la desaparición de personas abona a la deuda que el Estado tiene con las víctimas”, apuntó al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado.
Aunque autoridades usen el término de personas desaparecidas para referirse a todos los casos en que se desconoce el paradero de un hombre o mujer, hay una diferencia con la categoría de personas no localizadas.
De acuerdo con el Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, “una persona desaparecida es de quien se desconoce su paradero y se cree, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.
Por otro lado, se habla de persona no localizada, “cuando su ubicación es desconocida pero no se relaciona con la probable comisión de un delito”.
Faltan presupuesto, personal y tecnología
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, fueron aprobados casi 187 millones de pesos para que la Secretaría de Gobernación implementara la Ley de Desaparición Forzada y creara la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También fueron aprobados 282 millones 592,800 de pesos “para el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Gobernación, a las entidades federativas, para la realización de acciones de búsqueda de personas”.
En una recomendación emitida en julio pasado, el Consejo Nacional Ciudadano -que forma parte del Sistema para hacer observaciones sobre su trabajo- señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de localizar a por lo menos 37 mil personas desaparecidas o no localizadas, no tiene los recursos económicos y humanos suficientes.
“Se creó la Comisión, se nombró al comisionado (Roberto Cabrera Alfaro), y al principio tenían un equipo de cuatro personas. Luego les han ido aumentando de poquito en poquito, pero creo que no son más de 20 personas, para un montón de trabajo”, dijo Volga de Pina, además de explicar que la Comisión no tiene elementos propios para desplegar búsquedas en el terreno, en fosas o en otros sitios, así que debe pedir la ayuda de corporaciones como la Policía Federal, esperando que tenga disponibilidad.
El Consejo Nacional Ciudadano señaló que esa carencia de recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos también la padecen las comisiones estatales de búsqueda ya creadas, y los servicios periciales y forenses del país.
Sobre la falta de presupuesto y esfuerzos de gobierno, dijo De Pina, México se ha tardado mucho en entender que hay un problema grave de desapariciones, “a pesar de que tenemos reconocidos 37 mil, y sabemos que son muchos más”.
Protocolos y registros
Otras de las tareas pendientes para el Sistema Nacional, de acuerdo con lo que manda la Ley aprobada en 2017, es crear un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas.
También falta establecer un Registro Nacional de Fosas, un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y apuntalar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que, de las más de 37 mil personas desaparecidas o no localizadas, solo se tienen ahora los registros completos de 26 mil, “que pudieran darnos oportunidad de iniciar seriamente una búsqueda y localización de algún familiar o persona desaparecida”.
Con huellas dactilares y fotos, se tienen 16 mil registros de personas desaparecidas en México.
La falla de Segob
El pasado martes 9 de octubre, al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el secretario de Gobernación presumió que, con la colaboración del INE y cruces de registros de huellas digitales, el trabajo de servicios forenses estatales y la unificación de plataformas de información, se había logrado identificar, con nombre y apellido, a 340 víctimas de desaparición.
Al respecto, el Consejo Nacional Ciudadano, si bien expresó su beneplácito por la instalación del Sistema Nacional, también condenó que el secretario Navarrete Prida incurriera en un “triunfalismo mediático”, al anunciar las identificaciones sin tener información corroborada.
“El anuncio pretende mostrar como resultado exitoso información que no ha sido confirmada y que no representa más que hipótesis derivadas de trabajo de cruce de bases de datos, que debe ser confirmada por diferentes medios y pericias y constar en dictámenes multidisciplinarios integrados de identificación, como se lo hemos hecho saber tanto a la Comisión Nacional de Búsqueda como a la Procuraduría General de la República, en diferentes reuniones de trabajo”, indicó el Consejo.
“El manejo de información no confirmada respecto de la identificación de personas desaparecidas genera expectativas falsas en las familias que están en búsqueda de sus seres queridos, pues los procesos de validación y verificación de esta no sólo pueden tomar bastante tiempo, sino también derivar en el descarte de hipótesis o detección de duplicidad de datos”, agregó.
La especialista Denise González, quien es coordinadora del Consejo Ciudadano, dijo que este tipo de declaraciones, como la del titular del Segob, solo generan incertidumbre y son una muestra de falta de sensibilidad.
“Hay que tener cuidado, esto no se puede hacer, hay familias de por medio”, dijo.
La transición
Las especialistas consultadas coincidieron en mencionar que el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ya ha tenido contacto con el equipo de transición, de cara al cambio de gobierno federal, para exponer los avances y pendientes en la Ley para enfrentar las desapariciones, así como la necesidad de ampliar el presupuesto para las búsquedas, en todo el país.
Volga de Pina dijo que existe la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haga cambios en el sistema para la búsqueda de personas, aunque a su parecer sería pertinente el no entrar en una escalada de modificaciones, sin probar primero si funciona la Ley General en materia de desaparición que se tiene ahora, al implementar la mayoría de sus disposiciones.
