El miércoles 10 de julio, se activó un operativo conjunto que concluyó con el cateo de cinco albergues gestionados por la asociación civil Ayudante al Niño, I.A.P., en los municipios de Chicoloapan y Texcoco, Estado de México. Los refugios, operados bajo convenios con el DIF, estaban bajo denuncia por maltrato físico y presunto abuso sexual infantil. Las autoridades resguardaron el inmueble tras localizar evidencias que podrían configurar delitos y violaciones administrativas.
38 MENORES RESCATADOS Y DIRECTIVOS CITADOS
Durante el operativo se procedió al rescate de 38 menores de edad, quienes fueron trasladados a espacios seguros y puestos bajo atención especializada. Además, se emitieron citatorios para empleados y directivos vinculados con las acusaciones, y se ordenó su presentación ante el Ministerio Público.
La acción responde a órdenes judiciales fundamentadas en carpetas de investigación por abuso sexual infantil, negligencia y violencia sistémica dentro de los albergues.
TESTIMONIO SOBRE UNA INSTITUCIÓN “PODRIDA DESDE LA RAÍZ”
Una ex voluntaria y especialista en protección infantil, Olivia Paola Cuevas Pérez, expresó su indignación:
“La institución debe cerrarse, está podrida desde la raíz … mientras la institución esté abierta, los DIF y otras autoridades van a continuar mandando niños a pesar de que saben que están las carpetas judiciales por abuso.”
Cuevas detalló que durante su labor en el grupo asistencial evidenció situaciones reiteradas de agresiones físicas, amenazas y encubrimiento por parte del personal. Denunció que familias han tenido que exponer los delitos ante medios, pues no fueron atendidas por instancias públicas.
UN CASO CON HISTORIAL DE DENUNCIAS SEMEJANTES
De acuerdo con reportes especializados, desde 2017 el DIF del Estado de México y la Junta de Asistencia Privada tenían conocimiento de denuncias por abuso sexual en estos albergues, sin que hubiesen sido judicializadas.
Por otra parte, solo un cuidador, Javier Colocia López, ha sido sentenciado —en abril de 2022 recibió 12 años de prisión por violación agravada—; directivos como Steve Ross Earl y otros responsables administrativos siguen sin enfrentar cargos.
PROTECCIÓN INFANTIL EN LA MIRA
Mientras que los 38 menores rescatados reciben atención médica y psicológica, se espera que las investigaciones en curso progresen hacia sanciones contra los responsables. Organismos como SIPINNA han emitido comunicados exigiendo mayor supervisión en casas de asistencia social, protocolos claros y personal capacitado.
Este caso pone al descubierto la necesidad de auditorías permanentes en centros de protección infantil, y exige que las autoridades no permitan que los abusos queden en impunidad.
