Dos frases: una se ha repetido incesantemente desde hace más de una década: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; otra aún no se ha publicado lo suficiente: el 90% de los ataques contra periodistas que se denuncian el Estado mexicano los deja en la impunidad. Ambas frases están incluidas en el Informe anual de la relatoría especial para la libertad de expresión 2017 elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que da cuenta de que en la nación que dirige Enrique Peña Nieto se han fortalecido los mecanismos para acallar a la prensa.
El tamaño de la crisis mexicana se dimensiona en el informe que registra el estado de la prensa en América Latina. De los 22 periodistas o trabajadores de medios de comunicación asesinados en la región el año pasado, 12 casos ocurrieron en México. El informe no alcanzó a registrar el homicidio 13 de ese año, el de Gumaro Pérez, ocurrido el 20 de diciembre.
2017 fue el año que quedó marcado por el asesinato de Javier Valdez, director del semanario Ríodoce, “un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México”, como lo señaló la organización el pasado 18 de mayo, tres días después del homicidio ocurrido en Culiacán, Sinaloa; y de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cuyo trabajo arrojó luz “sobre la situación de despojos y luchas por la tierra que viven las comunidades indígenas”.
La Comisión enfatiza que estos crímenes están vinculados con el crimen organizado, “que se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios”.
Los ataques contra periodistas, que de acuerdo con el informe son “endémicos” en México, han ampliado su rango y van desde el despido de periodistas críticos a solicitud de las autoridades; la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios. También se incluye la aplicación de la legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a funcionarios públicos, el uso de declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas autoridades, amenazas, intimidaciones y asesinatos.
Hay muchos otros nombres que se sumaron a la lista de periodistas asesinados el año pasado, 12 en total. Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado el 19 de marzo en Ciudad Yanga, Veracruz. Maximino Rodríguez Palacios fue ejecutado en La Paz, Baja California Sur; recibió una ráfaga de disparos mientras estacionaba su automóvil en compañía de su esposa (quien salió ilesa del atentado).
El 15 de mayo Jonathan Rodríguez, periodista del semanario El Costeño en Autlán, Jalisco, recibió una ráfaga de balas que acabó con su vida; días antes había denunciado amenazas del presidente municipal. Tres días después hombres armados secuestraron al periodista Salvador Adame, director de Canal 6tv en Múgica, Michoacán. Su cuerpo fue hallado sin vida el 14 de junio.
Deficiente trabajo judicial
La CIDH ha remarcado que a pesar de los esfuerzos por investigar los ataques, amenazas y asesinatos contra periodistas, el Estado mexicano ha generado resultados mínimos. Aunque desde 2013 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión cuenta con capacidad para atraer casos de cualquier entidad, la impunidad se mantiene en niveles muy altos.
“Rebasa el 90 por ciento de los casos, según las propias autoridades. Las organizaciones de la sociedad civil afirman que es aún mayor esta cifra. Lo relevante es que tanto la FEADLE como las fiscalías de todas las entidades han demostrado una incapacidad para afrontar estos crímenes. La simulación, la incompetencia y la complicidad pueden ser algunos de los factores para tener estos resultados”, señala el documento.
Asimismo, subraya que el papel de las autoridades de procuración de justicia ha fallado en elementos clave de su labor, al no agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima, lo que obstaculiza la persecución penal y facilita la impunidad de los autores intelectuales.
En abril de 2017, en una reunión con diputados federales, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, reconoció que de los 48 casos atraídos por la FEADLE sólo se han logrado tres sentencias. La dependencia cuenta con un presupuesto de 44 millones de pesos.
Los casos de Oaxaca
Entre los avances que resalta la CIDH sobre el trabajo del Estado mexicano se destaca la sentencia condenatoria contra el exjefe de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Armando Santiago Martínez, condenado a 30 años de prisión por el homicidio de Marcos Hernández Bautista, reportero en la región Costa y militante de Morena. Santiago también fue obligado por el Tribunal de Juicio Oral a pagar 178 mil pesos como reparación del daño.
La CIDH también registró las amenazas de muerte sufridas el 10 de enero de 2017 por la locutora Abigail Soraya Arias en Tlaxiaco.
También el 21 de marzo del año pasado, la periodista y activista por los derechos de las mujeres Verónica Villalvazo, “Frida Guerrera”, quien ha realizado gran parte de su carrera en la entidad, habría sido amenazada y hostigada a través de sus cuentas de redes sociales como consecuencia de sus denuncias públicas sobre feminicidios.
Villalvazo habría presentado una denuncia ante FEADLE por las amenazas de muerte. La periodista y activista contaría con un botón de pánico como medida de seguridad otorgada por el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
