La propuesta de creación de una Guardia Nacional, hecha por el presidente de la República a través de diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), genera dudas y preocupaciones, y si no se atienden recomendaciones, podría derivar en el mismo error cometido por los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, que apostaron por la militarización de la seguridad pública en México.
Así lo advirtió el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab.
Lo anterior, al participar en un espacio de diálogo temático abierto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que se declarará en sesión permanente para analizar el proyecto y en unos cuantos días más, dictaminar.
“Pero que la militarización sería preocupante. Añadiría yo, podría ser la repetición del mismo error cometido a finales del año 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón y reproducido a finales del 2012, por su sucesor”, sentenció Jarab.
El representante del organismo internacional indicó que el desafío en materia de seguridad “heredado” con estrategias aplicadas en administraciones anteriores, dejó saldos preocupantes como los niveles de homicidios más altos en décadas, infiltración del crimen en la esfera pública, más de 38 mil casos de desaparición, tortura, desplazamiento interno, agresiones y asesinatos de periodistas, y centenares de fosas clandestinas.
Enfatizó que la ONU coincide con la parte de la nueva estrategia de seguridad, que buscará materializar la paz, cambiar el enfoque represivo por uso de drogas, combatir la corrupción, impulsar la prevención del delito atendiendo a jóvenes y reducir la desigualdad.
Sin embargo, subrayó que el proyecto presentado genera preocupaciones, por el alcance de la Guardia, que echa mano de las Fuerzas Armadas, no cambia el enfoque de militariza la seguridad en México y que propició episodios de violaciones a derechos humanos como los casos Tlatlaya, Tanhuato y otros.
Al recalcar que los daños provocados por la militarización de la seguridad en México ha afectado la reputación del país a nivel internacional, subrayó que por esos motivos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, lo cual calificó como “una gran noticia”.
Enfatizó que el uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública ha provocado violaciones a derechos humanos, por lo que la alternativa debería ser el impulso a la preparación adecuada de los cuerpos policiacos y el retorno gradual de los militares a sus cuarteles.
Apuntó que la propuesta de redefinir el papel de la Guardia Nacional en la Constitución genera cuestionamientos sobre la continuidad que tendría la militarización de la seguridad; cómo se justificará la decisión si resulta decepcionante; qué garantías habrá de que un modelo similar de seguridad al de sexenios anteriores dará resultados distintos; cómo se garantizará que no habrá violaciones a derechos humanos.
Subrayó que las policías naval y militar no están preparadas para atender asuntos de seguridad; la Guardia también integrará elementos policiales, pero su formación será mayoritariamente militar; el mando estará circunscrito a la Secretaría de la Defensa.
Identificó como posibles riesgos a partir de ese planteamiento, restar importancia a los esfuerzos en la preparación de cuerpos policíacos; así como la posibilidad de que la participación de militares en asuntos de seguridad pública tenga carácter permanente en la Constitución.
Si los legisladores mexicanos insisten en avanzar en el proyecto de la Guardia Nacional como está planteado, indicó, deberían atender recomendaciones como dar un plazo de cinco años para la aplicación de la norma y a partir de ahí, dar enfoque civil a la atención de los problemas de seguridad.
Ajustar el proyecto para evitar un diseño institucional “riesgoso”, desarrollar cuerpos policíacos, establecer salvaguardas para no incumplir ni violentar normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que el uso de la fuerza se ajuste al marco legal, no permitir privación de la libertad en instalaciones militares.
También recomendó contar con un registro de privación de la libertad y reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Enfatizó la importancia de que no se de carácter permanente a la intervención militar en temas de seguridad pública, programar el retiro paulatino de las Fuerzas Armada, escuchar las “voces relevantes”, garantizar el respeto a derechos humanos y aceptar la ayuda técnica que ofrecen instancias como la ONU.
