El Gobierno Federal investiga miles de millones de pesos ejercidos para “gastos de seguridad nacional” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con cargo a una opaca partida especial “de extrema confidencialidad” creada para, oficialmente, financiar misiones de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la droga.
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública mantienen investigaciones paralelas sobre la forma en que se emplearon más de 40 mil millones de pesos que se erogaron entre 2013 y 2018 por parte de dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República y otros órganos para “misiones y objetivos confidenciales”.
De acuerdo a fuentes de primer nivel en el gabinete de seguridad consultadas por MILENIO, se tiene bajo la lupa a la partida presupuestal 33701, clasificada como “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” y que se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan activamente cómo se empleó ese dinero, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad. En concreto, también se revisa si la partida se utilizó para efectuar pagos irregulares a contratistas privados con la intención de eludir procesos de licitación bajo el argumento de que se trataba de situaciones urgentes.
Las autoridades analizan por qué se dispararon los gastos con cargo a esta partida muy por encima de lo aprobado por el Congreso de la Unión de manera oficial, según detallaron las fuentes consultadas. En particular, destacaron el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo.
Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.
Los recursos para estas adquisiciones provinieron de la partida 33701 fueron autorizados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, todas dependientes entonces de Gobernación.
Los anteriores son solo algunos ejemplos de adquisiciones o erogaciones multimillonarias con cargo a la partida confidencial durante el anterior sexenio.
Según ha documentado la ASF, la partida de seguridad nacional es difícil de fiscalizar y se presta a inconsistencias documentales por la secrecía de los temas que engloban, incluidas operaciones de inteligencia, misiones de espionaje, traslado de reos de alta peligrosidad, modificación de celdas, pago de informantes y hasta operativos encaminados a decapitar cárteles.
En 2017, en la única revisión que hizo sobre los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto en el sexenio pasado, la auditoría descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular -argumentando urgencia y secreto-, cuando podrían haberse licitado. Se promovieron responsabilidades administrativas.
Pero la complejidad de comprobación nunca fue obstáculo para que la Secretaría de Hacienda ampliara de manera sistemática los techos de la partida.
De acuerdo a datos obtenidos vía solicitudes de transparencia que inició este diario desde 2013 y que se extienden hasta 2019, los gastos de Seguridad Nacional fueron modificados año con año por la Secretaría de Hacienda, que hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, había autorizado a distintas dependencias a elevar sus gastos confidenciales. En el caso de Bucareli, por ejemplo, pasaron de 810 millones oficialmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 40 mil millones de pesos.
En enero pasado y ya durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Dirección General de Programación y Presupuesto de Gobernación accedió a desclasificar la ficha informativa UAF/DGPyP/DCI/043/2019 en la que se detallan parte de los argumentos que usó el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong para justificar la ampliación de la partida confidencial para “gastos urgentes”.
En específico, se amplió el presupuesto confidencial en tres áreas: el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, la Policía Federal y en particular y muy por encima de los demás, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que estuvo a cargo de Eugenio Imaz, de diciembre de 2012 a diciembre de 2017. En enero de 2018 sería relevado por Alberto Bazbaz.
Por lo general, según se desprende de la ficha obtenida vía transparencia, se trata de proyectos con entregables tecnológicos como softwares o equipos de cómputo y audio o bien, proyectos difusos de inteligencia.
Por ejemplo, en 2014, el CISEN justificó el aumento presupuestal porque necesitaba financiar “gastos de seguridad pública para llevar a cabo diversos proyectos destinados a implementar soluciones que proporcionan información para atender los asuntos relacionados con narcotráfico, extorsión y secuestro con base en un modelo diseñado para la generación de inteligencia estratégica“.
Y en 2018, lo justificó así: el dinero adicional se usó “para coadyuvar en la operación del sistema de investigación e información y la conducción del proceso de integración de inteligencia estratégica para la producción integral de conocimiento sistematizado y jerarquizado que tiene como propósito fundamental suministrar un marco de referencia y reflexión evaluativo y prospectivo para la toma de decisiones“.
Es decir, se usó en proyectos que se mantienen ocultos en la neblina de la seguridad nacional, sin que se sepa con certeza su destino.
Consultado por este diario, Osorio Chong declinó hacer comentarios.
La partida preferida
Si bien la partida fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón -llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma-, fue en el de Enrique Peña Nieto que alcanzó su máximo uso. Entre 2013 y 2018 se convirtió en la pieza preferida del gobierno para dotar de recursos extraordinarios a distintas dependencias, a las que se permitió ejercer gastos multimillonarios bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales sin mayor escrutinio público
Entre otros objetivos, la partida -que ya ha sido denunciada en el Congreso de la Unión como poco transparente- tiene por meta financiar con recursos rápidos el pago a informantes y de recompensas, así como otros “gastos imprevistos” en materia de seguridad nacional, desde renta de inmuebles, compra de vehículos, viajes de último momento e incluso adquisición de armamento o equipo de inteligencia sin licitación de por medio.
Así la describe Hacienda: “gastos de seguridad pública y nacional (son) asignaciones destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional (…) cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad. Incluye los recursos para la contratación temporal de personas y la adquisición de materiales y servicios necesarios para tales efectos”.
Por normativa, solo se pueden ejercer gastos dentro de esta partida con autorización del oficial mayor de una dependencia.
Recursos de partida reservada de seguridad fueron auditados, afirma ex oficial mayor
Silvia Arellano
El oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, Jorge Márquez Montes, aseguró que la partida reservada de seguridad fue auditada todos los años por los órganos fiscalizadores correspondientes.
Envió a MILENIO una explicación sobre las asignaciones de gastos contemplados en las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad y de Responsabilidad Hacendaria.
Todos los gastos erogados en la partida 33701 tenían que ser avalados por Jorge Márquez Montes.
A continuación, la respuesta íntegra:
-Se contempla en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 49:
“Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico.
La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.
-Con relación al uso de la Partida de Seguridad Pública y Nacional, se contempla en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 5:
“La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:
En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones.
-El ejercicio del gasto en estas partidas es responsabilidad de los Organismos que tienen aperturadas las mismas y cuentan con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública.
-Esta partida, año con año, es auditada por los órganos fiscalizadores competentes.
