El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló este lunes los motivos detrás de la orden de aprehensión emitida contra su antecesor, Silvano Aureoles Conejo. Quien se encuentra prófugo de la justicia. Durante una entrevista para un medio nacional, Ramírez Bedolla detalló las graves acusaciones que pesan sobre el exgobernador, entre las cuales destacan los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Según el actual mandatario, la investigación comenzó hace más de dos años. Cuando su administración descubrió un desastre financiero que dejó la gestión de Aureoles. Reflejándose especialmente, en la falta de pagos a los docentes del estado.
DESCUBRIMIENTO
Ramírez Bedolla explicó que, durante su investigación, se descubrió que los recursos federales destinados a Michoacán eran desviados sistemáticamente a otros fines. Un proceso que fue denominado “la licuadora” por los involucrados.
Esta situación se detectó cuando el estado enfrentaba una grave crisis financiera, al punto de no poder pagar a los maestros durante varios meses. Ante esta irregularidad, el gobierno de Ramírez Bedolla presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Lo que derivó en la orden de aprehensión contra Aureoles. Las investigaciones apuntan a un esquema de desvío masivo de recursos, en el que el exgobernador habría manipulado los fondos públicos a su favor y de otros actores involucrados.
POSIBLES CÓMPLICES
La gravedad de los señalamientos contra el exgobernador se ve reforzada por el arresto de varios de sus excolaboradores, quienes también enfrentan cargos por los mismos delitos. Cuatro de sus funcionarios más cercanos han sido detenidos y se encuentran en prisión preventiva, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán; y Elizabeth Villegas, exdelegada administrativa en dicha dependencia. Estos arrestos refuerzan la acusación de que Aureoles no actuó solo, sino que contó con una red de colaboradores que facilitaron el desvío de recursos.
El caso se agrava aún más cuando se revela que Aureoles también está siendo investigado por la compra de siete cuarteles de la Policía Michoacán a sobreprecio. Un negocio que involucró más de 5 mil millones de pesos.
CONTRALORIA INVESTIGA
Por su parte, la Secretaría de Contraloría de Michoacán señaló que dichos cuarteles fueron adquiridos bajo condiciones fraudulentas, con una gran parte de los fondos provenientes de fuentes irregulares. Según la titular de la Contraloría, Azucena Marín Correa, la auditoría realizada a estos cuarteles en 2021 descubrió que los inmuebles no cumplían con las especificaciones acordadas. Lo que llevó a la presentación de una denuncia penal ante la FGR.
Posteriormente, se inició una investigación conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera y otras fiscalías especializadas. Lo que resultó en el aseguramiento de los cuarteles y la reparación del daño por casi mil millones de pesos a favor del gobierno estatal.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Este escándalo ha puesto en evidencia la magnitud de la corrupción que afectó las finanzas del estado durante la administración de Aureoles. A medida que las investigaciones avanzan, se espera que más funcionarios implicados en estos desvíos sean llamados a rendir cuentas.
Finalmente, la justicia parece estar cerca para los responsables de estos actos de corrupción. Aunque la huida de Aureoles y el silencio de su defensa mantienen a Michoacán en vilo. Esperando que la justicia alcance a quienes traicionaron la confianza de los michoacanos.
