El diputado federal Miguel Ángel Salim Alle planteó aplicar penas más severas a las personas que son detenidas por la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, así como los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) apuntó que el número de armas en poder de los particulares pasó de dos millones en 2009 a 3.1 millones en 2012, mientras que el crecimiento anual en la compra de éstas fue de 15 por ciento.
De tal forma que, de acuerdo con una investigación realizada por Ernesto Villanueva, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de 2009 a 2012 la posesión de armas en México aumentó 53 por ciento.
Ello, afirmó, se ha visto reflejado en la ola de violencia que sufre el país, ya que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias presentadas por homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se han incrementado en más de 10 por ciento de 2012 a 2016.
En una iniciativa, el legislador por el estado de Guanajuato señaló que la portación y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como los delitos en materia de hidrocarburos, sólo hacen evidente la insuficiencia del marco jurídico en la materia.
Apuntó que “México, donde una persona con un arma corta 9mm, 10 armas largas, 12 mil 651 cartuchos de diferentes calibres, 27 cargadores de diversos calibres y cuatro miras telescópicas sale en libertad con sólo 15 mil pesos”.
Asimismo, uno de los delitos que más crecimiento ha tenido en los últimos años y que está directamente relacionado con el uso de armas de fuego ilegales y con el narcotráfico es el robo de combustible, advirtió el diputado panista.
Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex), el robo de combustible genera para los grupos criminales alrededor de 21 mil millones de pesos.
Ante ello, el legislador presentó dicha iniciativa que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer sanciones más severas por el crecimiento exponencial y por el riesgo latente a la seguridad de los ciudadanos ante estos delitos.
