PUEBLA, Pue.- En un desplegado que se publicó el lunes, medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles reclaman al gobernador Miguel Barbosa Huerta respetar la libertad de ejercer un periodismo libre y crítico en esta entidad, y dejar de replicar prácticas autoritarias que criticó en el pasado reciente.
En el escrito, los firmantes se solidarizan con el director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, y con Carolina Fernández Galindo, directora del periódico El Popular, y sus respectivos equipos de trabajo, que han denunciado que Barbosa Huerta desató una campaña de acoso judicial y administrativo en contra de esos medios a partir de que han mantenido una línea editorial crítica.
Recuerdan que la prensa poblana ha padecido, a lo largo de décadas, prácticas autoritarias cometidas por gobernadores que han ejercido el poder absoluto, sin contrapesos y que han hecho uso faccioso de los instrumentos del Estado. “…mandatarios intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial como una forma de control del periodismo crítico independiente”, señalan.
Agrega que los hechos recientes de acoso judicial y administrativo contra los medios e-consulta y El Popular, confirman que el gobierno de Barbosa Huerta sigue los pasos “lamentables” de sus antecesores.
“…una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos que, como lo ha confirmado la organización Artículo 19 en una investigación sobre los ataques a la libertad de expresión en Puebla, han sido objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales”, expone.
A esto, indica que a últimas fechas se ha sumado el hostigamiento administrativo, pues ambos medios de comunicación recibieron citatorios por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla para la ejecución de auditorías.
El gobierno estatal, a través de esa dependencia, exigió a los dos medios más de 20 documentales desglosadas en un plazo de quince días; a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El Popular de 2019 y 2020. “A la medida fiscal le siguen las amenazas de sanciones económicas, embargos y uso de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las disposiciones fiscales”, agregan.
Los firmantes hacen referencia que en el caso de e-consulta, su director Rodolfo Ruiz enfrenta siete demandas por daño moral en las que los supuestos afectados, todos ligados al gobierno de Barbosa, reclaman indemnizaciones económicas por un total de 37 millones de pesos.
En tanto que Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular, ha sido víctima de una “campaña de desprestigio”, pues a través de un medio de comunicación se dijo que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía del Estado para denunciarla por lavado de dinero, aunque no hay indicio de que tal denuncia exista. “Y es claro que se busca la intimidación y la censura”, añade el escrito.
