En medio de la contienda electoral en los cuatro estados donde se llevarán a cabo comicios el próximo 4 de junio, la secretaría de la Función Pública exhorta a denunciar delitos electorales por parte de servidores públicos.
Para dicho fin, señala que la queja o denuncia correspondiente debe presentarse ante la Contraloría Interna o la dirección general de Denuncias e Investigaciones, cuando haya indicios de conductas que puedan constituir infracciones administrativas por incumplimiento o violación a las obligaciones de las y los servidores públicos, conforme la normatividad que los rige.
Como parte de las acciones para evitar algún ilícito, al interior de las diferentes áreas del Sistema Integral de Quejas y Denuncias, llama a presentarlas ante las autoridades ya que existen conductas que puedan constituir infracciones administrativas vinculadas a procesos electorales.
De igual forma, solicita la presentación de las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación o del Fuero Común más cercana, o directamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuando se comprueben hechos que puedan constituir delitos electorales federales o del fuero común.
Para evitar actos irregulares, menciona que los funcionarios deben “cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral y de sus órganos, así como proporcionarles de manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada, o bien la colaboración oportuna que les sea requerida por dichas autoridades electorales”.
La Función Pública advirtió que “los servidores públicos deben abstenerse de infringir las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, además de evitar influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Señala que las conductas prohibidas para los servidores públicos federales tienen que ver con la coacción del voto; condicionar la prestación de un servicio público; permitir la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición; proporcionar algún apoyo a un precandidato, partido político o coalición.
Además, solicitar a sus subordinados, por cualquier medio “aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política; abstenerse de entregar o negar, sin causa justificada, la información que les sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización”.
