En los últimos ocho años, más de 3.9 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza: 53 millones 418 mil mexicanos sobreviven en esta condición actualmente; eran 49 millones 489 mil pobres en 2008, subrayó hoy el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En su Informe Anual de Evaluación de la Política Social, la institución recordó que la inflación de 2017 –que fue impulsada por el gasolinazo–incrementó a 41% la proporción de mexicanos cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar los escasos bienes incluidos en la canasta alimentaria.
Y subrayó que el 10% de los mexicanos más ricos concentra el 35.4% del ingreso corriente total generado en el país, mientras que el 10% más pobre se reparte apenas el 1.9% del mismo; aunado a esto, las mujeres tienen un ingreso inferior en un 20.8% en promedio, al de los hombres.
Pese a estos datos, Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sigue repitiendo a quiénes todavía le prestan atención que la situación social mejoró: en Jalisco hoy, presumió que se cerrará “con buenas cuentas el combate a la pobreza en la presente administración”.
Las “buenas cuentas” no lo son para los receptores de un salario mínimo, que a pesar de los incrementos anuales –pasó de 76 pesos en 2013 a 87 pesos este año– es todavía inferior a la línea de bienestar y, por lo tanto, pisotea la Constitución.
Aunado a ello, “si a los ingresos bajos se agrega el factor del alza en los precios de alimentos, la situación empeora”, señaló el Coneval, al recordar que los hogares más humildes destinan la mitad de su dinero a alimentos y bebidas.
La población indígena, víctima de una discriminación histórica, tiene niveles de carencias que duplican los de la población no indígena: tres de cada diez indígenas sufren rezago educativo y pasa hambre, el 77.6% no tiene acceso a la seguridad social, y seis de cada diez no tienen servicios básicos en sus viviendas.
De manera general, el Coneval insistió en lo “frágil que pueden ser los logros en materia de pobreza, si no se acompañan de acciones integrales orientadas a brindar el acceso efectivo a derechos, así como un ingreso laboral que contribuya al desarrollo humano y social”.
Si bien reconoció una mejora constante en los indicadores que miden el acceso a los servicios básicos –educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda–, el documento subrayó que estos indicadores no plasman la calidad de los mismos.
Aun así, 700 mil niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela por motivos económicos, el Seguro Social –al que está afiliado el 55.6% de la población– sólo cubre mil 621 enfermedades y la atención médica no es equitativa para toda la población, una de cada cuatro viviendas está sobreocupada y el 23% de las familias indígenas no tienen las escrituras de su casa, entre otros.
No sólo esto: la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los trabajadores domésticos remunerados sigue dependiendo de la voluntad del empleador, el millón de jornaleros agrícolas a menudo tampoco tiene acceso al seguro social, así como los poco menos de seis de cada diez mexicanos que siguen laborando en el sector informal.
Más allá de la pobreza, la institución recordó que los grupos más vulnerables están particularmente afectados en el contexto mexicano. En 2016, por ejemplo, una de cada tres mujeres reportó ser víctima de violencia económica y de violencia física, mientras que el 41.3% aseveró que sufrió violencia sexual.
Y advirtió que la próxima administración enfrentará retos en materia social, debido a la inflación, así como la necesidad de destinar importantes recursos para resarcir los estragos que provocaron los terremotos de septiembre pasado en miles de viviendas, escuelas y centros de salud.
