Representantes de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 reprocharon al gobierno de Enrique Peña Nieto la administración y politización de la tragedia y alertaron sobre un posible carpetazo de las investigaciones por motivos electorales.
Durante la audiencia de supervisión del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, en el contexto del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de desaparecidos y abogados de las organizaciones que los representan denunciaron la posición de Peña Nieto de suspender la próxima audiencia del Mecanismo de Seguimiento por motivos electorales así como la negativa a aceptar una propuesta de nuevo cronograma para las investigaciones y una declaratoria de intención de atención victimal.
Los representantes del Estado mexicano advirtieron que está por concluirse el caso, que el Mecanismo de Seguimiento continuará hasta donde sea necesario y que la Oficina de Investigación para el caso Iguala tiene en puerta un proyecto de solicitud de 30 órdenes de aprehensión.
“Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad”, reprochó Mario César González Contreras, padre de César Manuel González.
Además, reclamó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, que los familiares y sus representantes hayan tenido que acudir a Bogotá para tener una mesa de trabajo, cuando en México no han sido atendidos ni se ha dado continuidad a los compromisos establecidos con el anterior titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, de permitir a sus abogados interrogar a detenidos, así como ofrecer beneficios legales a cambio de información para la ubicación de los jóvenes.
“Para nosotros es crítica la situación en México. Todo se está politizando, tanto que los representantes del gobierno quieren suspender la reunión de mayo porque viene la elección. Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad. Estamos preocupados porque sigan el Mecanismo de Seguimiento, porque es muy peligroso que el Estado mexicano no tenga vigilancia internacional”, puntualizó.
En representación de los padres, González Contreras, así como Epifanio Álvarez Carbajal, padre de Jorge Álvarez, y Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, denunciaron la falta de avances para la localización de los jóvenes desaparecidos después de 41 meses de los hechos.
La mujer, quien inició su participación pidiendo un minuto de silencio en memoria de Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, fallecida el pasado 4 de febrero, aseguró que los familiares de los jóvenes desaparecidos llegaban a la audiencia “con el corazón muy triste”, por la falta de respuesta y con la única esperanza de que el CIDH siga supervisando el caso.
Álvarez Carbajal expresó su molesta por la negativa de los representantes del gobierno mexicano de aceptar las propuestas de los abogados. Dijo: “es injusto venir de tan lejos para que nieguen a aceptar el cronograma para que cumplan su deber y su trabajo, lo único queremos es verdad y justicia”.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, Mario Patrón, Vidulfo Rosales y Humberto Guerrero, puntualizaron que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Oficina de Investigación, ha incumplido en 80% los lineamientos fijados en un cronograma que fue fijado por el gobierno mexicano.
Patrón abundó que en el año pasado no hubo nuevas detenciones, que no existen ningún proceso por desaparición forzada y que la última acusación data de diciembre de 2014.
Guerrero explicó que, en materia de atención a víctimas, un estudio psicosocial reveló que la atención ha sido deficiente y que la tendencia fue buscar a los familiares para “cooptarlos para que ya no denunciaran”, pero al negarse a aceptar recursos bajo esas condiciones, los procesos de atención se detuvieron.
“Ya hay móvil identificado”: Higuera
En respuesta a los señalamientos de los familiares de las víctimas y sus representantes, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, sostuvo que la decisión de la realización de la audiencia pública en mayo, está en manos de la CIDH. Se comprometió a dar continuidad al Mecanismo de Seguimiento hasta donde sea necesario.
El funcionario anunció que “pronto se estará en capacidad de presentar conclusiones” del caso y que está vigente el compromiso del gobierno de Peña Nieto de mantener abierta la comunicación con los comisionados, los familiares de las víctimas y sus representantes.
El abogado de la oficina del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, aseguró que, como parte de las investigaciones, ya se tiene “identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes”, lo que permitiría “aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron” y establecer con certeza “por qué los jóvenes fueron acometidos”.
Al señalar que los detalles no pueden darse a conocer en una audiencia pública, señaló que la investigación ha podido determinar “el nivel de involucramiento de la organización criminal” que opera en la zona y la “indudable intervención en los hechos de diversas corporaciones especialmente municipales en colusión” con los primeros.
Higuera Bernal aseguró que entre los avances procesales existe un “proyecto para ejercer acción penal por el secuestro de los jóvenes, superior a 30 personas”, en tanto que continúan los trámites judiciales para ejercer acción penal contra policías federales y municipales de Huitzuco.
En cuanto a los detenidos que acusan tortura, la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, informó que se atendieron 128 casos, de los cuales en 48 se aplicó el Protocolo de Estambul; 46 no han aceptado la aplicación, en 19 no hay solicitud de un juez para aplicar dicho protocolo, en tanto que en hay 13 pendientes por aplicar.
Hasta el momento, el examen médico dio resultados positivos en dos detenidos que confirmarían el uso de tortura en el caso Ayotzinapa, agregó la funcionaria.
Los pendientes
La audiencia se desarrolló de manera tensa debido a que, en la víspera, en una reunión de trabajo en la que estuvieron los comisionados de la CIDH, los representantes del gobierno mexicano rechazaron las propuestas de los abogados de las víctimas.
Incluso, la comisionada responsable del Mecanismo, Esmeralda Arosamena de Troitiño, y el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, expresaron su preocupación de que los funcionarios acudieran a la audiencia en Bogotá, Colombia, sin respuestas a inquietudes planteadas durante la visita de trabajo en México, que ambos comisionados llevaron a cabo los días 6 y 7 de febrero.
“Hay una preocupación, porque el equipo de representantes de las víctimas, han planteado al Estado un documento de acuerdo de intención, del que habíamos hablado en la última reunión que tuvimos como visita oficial, (…) ¿llegaron a evaluar esta propuesta de declaración para cumplimiento de lo que representa la atención a víctimas?”, preguntó Arosamena.
La comisionada de origen panameño recordó en su intervención que durante su última visita se plantearon interrogantes que los funcionarios se comprometieron a responder en la audiencia pública.
Por ejemplo, la “identificación clara de conversaciones telefónicas de personajes del mundo político y autoridades”, la ubicación y procesamiento de personas que utilizaron nueve teléfonos celulares propiedad de los estudiantes.
Las autoridades también prometieron determinar con “certeza quién era el responsable de esta coordinación del C-4”, toda vez que los hechos de violencia no se limitan a la desaparición de los 43, sino a homicidios y lesionados en un territorio más amplio.
El comisionado Vargas reconoció que, por parte del Mecanismo de Seguimiento, se han formulado cuatro cuestionarios con más de un centenar de preguntas cada uno, “interrogantes que nos siguen surgiendo cada vez que nos sentamos a trabajar”.
La aspiración, recordó, es que el responsable de la investigación, Alfredo Higuera Bernal, continúe con su trabajo y se establezca “connivencia entre policías locales y fuerzas del narcotráfico”.
El secretario ejecutivo, Pablo Abrao, pidió a los representantes del Estado mexicano aprovechar el momento para ofrecer una “rendición de cuentas”, luego de tres años y cinco meses de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
