En 2013, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó el pago de impuestos por 87 mil 650 millones de pesos a diferentes contribuyentes, lo que significa el mayor monto entre 2007 y 2015.
El monto de los impuestos perdonados en 2013 es dos veces el presupuesto de la UNAM para 2020, e incluso es más de lo condonado en todo el sexenio de Felipe Calderón, con 83 mil millones de pesos entre 2007 y 2012.
En 2013, el monto condonado a Monex Grupo Financiero fue de 300 millones de pesos, un aumento de 9.400% en comparación con 2012 cuando dejó de pagar 3 millones de pesos de impuestos. La cifra condonada sólo a esta empresa es similar a los 363 millones de pesos condonados durante 2014 a 168 contribuyentes.
Dicha compañía fue una de las instituciones bancarias que el PRI utilizó para repartir 4 mil 599 millones de pesos a través de tarjetas para posibles votantes durante la campaña electoral de 2012, según informó en 2014 la comisión de la Cámara de Diputados que investigó dicho mecanismo electoral.
La compañía más beneficiada ese año fue Productos Roche, S. A. de C. V. con 2 mil 800 millones de pesos condonados; Grupo Lala, con 2 mil 429 millones de pesos y la SEP, que entonces dirigía Aurelio Nuño, excoordinador de la campaña de Peña Nieto, con 2 mil 293 millones de pesos.
Le sigue el gobierno de Michoacán, cuyo gobernador entonces era el priista Jesús Reyna, con 2 mil 36 millones de pesos, y Acerus S. A. de C. V., con mil 554 millones de pesos condonados.
Esta información forma parte de la lista de condonaciones y cancelaciones fiscales entregadas por el SAT después de 4 años de litigio originado por la demanda interpuesta por la organización Fundar, que pidió los datos vía transparencia y la institución se negó a entregar incluso interponiendo amparos.
Si bien la condonación fiscal no es ilegal, pues está contemplado en el Código Fiscal y en las Leyes de Ingreso, una “condonación masiva es otra historia”, porque “si ya el artículo 39 del Código Fiscal contenía un impedimento para este tipo de condonaciones generalizadas, ¿por qué darle la vuelta? Es una forma de haberle hecho trampa a la ley, fraude a la ley”, aseguró la titular del SAT, Margarita Ríos, durante el anuncio de la información.
Por eso, dijo, “los culpables de haber causado un gran disparejo en el Estado en materia fiscal, han sido las Leyes de Ingreso que de cierta forma han defraudado el Estado de Derecho, ignorando la prohibición del Código Fiscal”. Dichas legislaciones son aprobadas cada año por la Cámara de Diputados y donde definen los criterios para otorgar las condonaciones.
Haydee Pérez Garrido, directora de Fundar explicó que los ciudadanos “tenemos el derecho a saber las razones de las condonaciones y que estamos siendo tratados de la misma forma”, por eso reconoció la “voluntad de esta administración con respecto a las anteriores”.
Sin embargo, aún falta por conocer el nombre de 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada y cuyo juicio sigue en curso. La condonación a estos suman 274 mil millones de pesos; lo que significa 37% del total.
La información de condonaciones de impuestos entregada abarca 8 años, de 2007 a 2015 y al comparar el total por año, el segundo año con mayor monto es 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, con la condonación de 44 mil millones de pesos y le sigue 2007, con 23 mil millones de pesos. Esto significa que en esos dos años se otorgó 80% de las condonaciones del total de su administración.
Los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto se condonaron 89 mil millones de pesos, pero lo condonado en 2013 representa 98% en dicho periodo, toda vez que en 2014 y 2015 se perdonaron 363 millones de pesos y mil 245 millones de pesos, respectivamente.
La información entregada por el SAT demuestra que 7 mil 885 personas y empresas recibieron beneficios por 172 mil 335 millones de pesos y ahora puede saberse gracias a la sentencia 191/2016 dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en la que el juez ordenó la entrega de la información a Fundar.
Antes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) había resuelto en el expediente RDA 5354/15 que el SAT debía entregar la información, pero éste emprendió una batalla legal para no hacerlo durante cuatro años.
