Por primera vez en la historia democrática de México, el Poder Judicial será electo mediante el voto ciudadano. Sin embargo, lo que se ha presentado como un avance en la participación popular también ha encendido alarmas sobre transparencia, legalidad y posibles influencias externas en la elección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que revisará exhaustivamente los expedientes de todas las personas candidatas antes de entregar constancias de mayoría. En caso de detectar vínculos criminales, antecedentes de violencia o deudas alimentarias, podrá anular el resultado, incluso si el aspirante ha ganado en las urnas.
INE: filtro final en el proceso
La decisión del INE se basa en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que faculta al Instituto a negar la constancia de mayoría a cualquier aspirante que no cumpla los requisitos legales. La magistrada Janine Otálora Malassis aclaró que la competencia del INE en este ámbito es clara: “Es competente para condicionar la entrega de constancias en función de la elegibilidad de las candidaturas”.
Además, el INE ya ha iniciado investigaciones: se reportaron 223 casos de posibles irregularidades, aunque 87 fueron desechados. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que el Instituto no participó en la definición de candidaturas, pero sí debe “aplicar la norma con rigor y revisar la probidad de quienes buscan integrar el Poder Judicial”.
Los expedientes, en disputa
Uno de los puntos más polémicos ha sido el manejo y la transparencia de los expedientes. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, entregó al INE la documentación de las candidaturas propuestas por el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, declaró que los perfiles impulsados por el Poder Judicial no fueron incluidos.
“Esta Cámara no cuenta con los expedientes correspondientes a dichas personas candidatas, toda vez que no tuvo acceso a los mismos ni participó en su integración”, argumentó Noroña, señalando que se trata de una atribución exclusiva del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Esta fragmentación del control sobre los perfiles ha generado incertidumbre sobre la uniformidad de criterios y la rendición de cuentas.
¿Influencia religiosa?
En medio de la tensión, surgieron señalamientos sobre la presunta intervención de la Iglesia La Luz del Mundo, que estaría alentando a sus fieles a apoyar a ciertos candidatos. Aunque no se ha comprobado su veracidad, este tipo de acusaciones elevan las preocupaciones sobre la posible injerencia de poderes fácticos en una elección que debería ser técnica y legal, más que política o ideológica.
Morena se deslinda
El partido oficialista Morena rechazó cualquier implicación directa en la selección de candidaturas o favoritismos. Aseguró que no interfiere en el proceso: “No favorecemos a ningún candidato”, indicó en un posicionamiento público, en un intento por desmarcarse de las acusaciones que han rodeado el proceso.
Legalidad vs. legitimidad
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que esta elección es “un proceso sin precedentes en la historia democrática del país” y enfatizó que “la legitimidad del nuevo Poder Judicial exige claridad, certeza y legalidad en cada etapa del proceso”.
Esta tensión entre legitimidad popular y legalidad institucional coloca al INE en una posición clave: será la última línea de defensa para garantizar que quienes lleguen a cargos judiciales lo hagan cumpliendo con todos los requisitos y sin mancha alguna.
Un micrositio para vigilar
Ante los crecientes señalamientos, el INE habilitó un micrositio donde cualquier ciudadano u organización civil puede aportar información sobre las personas candidatas.
Además, los implicados en denuncias tendrán solo tres días para defenderse, en cumplimiento del principio “8 de 8 contra la violencia”, que excluye a quienes tengan antecedentes en esta materia.
¿Avance democrático o terreno minado?
La elección judicial del 1 de junio se perfila como un ejercicio de apertura democrática, pero también como un campo plagado de incertidumbres. La falta de control uniforme sobre los expedientes, la posible injerencia de actores externos y la polarización política ponen a prueba la solidez institucional del país.
Con el INE como árbitro final, la legalidad será clave. Pero, en un proceso donde los intereses se entrecruzan, la pregunta persiste: ¿puede una elección directa al Poder Judicial evitar los vicios del sistema que pretende reformar?
