Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, tiene considerado implementar un cambio estructural en materia de justicia en nuestro país, que abarca incluso cambios importantes en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las dos grandes propuestas, que encarnarán distintos cambios en la materia en nuestro país, se agrupan en “modificaciones de forma y fondo” al máximo tribunal, y darle “características definitorias” a la nueva Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el documento denominado “Andrés Manuel López Obrador. Equipo de trabajo y Agenda”, realizado dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la misma época electoral, “en el caso de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se busca involucrar a la academia, gremios de profesionistas y a la sociedad civil, con el fin de mejorar tres áreas: Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la designación de ministros de la SCJN, y la posibilidad de crear un tribunal constitucional”.
Asimismo, “busca atribuirle a la Fiscalía facultades de investigación con mayor amplitud en materias de lavado de dinero y corrupción, y reformar el artículo constitucional que designa al Fiscal General a través del Ejecutivo”.
Creación de un tribunal constitucional
En cuanto al reordenamiento de la SCJN, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo en materia de justicia, buscan la creación de un tribunal constitucional como la “última instancia de legalidad” en nuestro país.
Dicho tribunal “resolvería cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, y en general, de los actos de autoridad, las cuales no pueden ser resueltas por jueces ordinarios, ya que deben plantearse en la vía principal por los órganos del Estado afectados”.
De constituirse dicho tribunal, la SCJN “resolvería temas de otra índole y no del orden constitucional”.
Desaparición del Consejo de la Judicatura
Algo que incluso es tema de coyuntura en nuestro estado, desde que la legisladora local del partido Verde, Nalley Hernández García, sometió a consideración del pleno de la actual legislatura estatal, la iniciativa de ley para desaparecer el Consejo de la Judicatura en el estado, a pesar de ser un ordenamiento federal, es algo que ya ha pensado hacer en el plano nacional el equipo de juristas de AMLO: “suprimir al Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo con una sala adicional de la SCJN; es decir, que la carga administrativa del CJF sea realizada dentro de la SCJN, generando ahorros administrativos y evitando injerencias de otros poderes sobre el Judicial”.
Justo esto es lo que se alega aquí en Oaxaca de parte los inconformes con la continuación del Consejo de la Judicatura, que, en palabras de trabajadores del Poder Judicial, “es un elefante blanco, por sus nulos resultados”. Además, en dos jornadas consecutivas de protestas en el Congreso local, los inconformes aseguran que “desde su creación hace siete años, el Consejo de la Judicatura solo ha generado desvíos millonarios en perjuicio de la base trabajadora”.
Retomar el sistema de nombramientos de ministros
En el sistema actual los ministros son elegidos para un periodo de 15 años. Para su elección, el presidente de la República envía una terna al Senado, para cada puesto y previa comparecencia. El Senado elige a cada uno de ellos mediante una mayoría calificada de dos terceras partes.
Lo que propone Morena es que los candidatos a ministros sean propuestos por universidades y academias a través del voto popular, y eliminar el sistema de ternas, mediante una propuesta unipersonal de parte del Ejecutivo federal.
Autonomía de la Fiscalía General de la República
En el documento, el equipo de especialistas que trabajan con AMLO y Morena, señalan que la Fiscalía General de la República está diseñada constitucionalmente como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y la designación del fiscal reside en primera instancia en el Senado, que contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de la cámara, la cual se enviará al Ejecutivo federal.
Si el presidente de la República no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme lo establecido en este artículo. El mismo fiscal General designado podría formar parte de la terna.
En caso de que la lista sea recibida en tiempo y forma dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado, que con base en la comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los legisladores de la cámara alta.
En este sentido, Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que la designación será a través de una terna realizada por parte del Ejecutivo federal, lo que conllevaría a reformar el artículo 102 constitucional, para facultar al presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública.
Asimismo, incluir dentro de las facultades del fiscal algunos delitos que actualmente son tipificados como penales y relacionados con el lavado de dinero en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Mercado de Valores o la Ley de Instituciones de Crédito.
También, el equipo de AMLO pretende reformar el artículo 19 de la Constitución para incorporar como delitos de prisión preventiva oficiosa los relacionados con actos de corrupción.
A pesar de lo anterior, el virtual presidente electo reconoce que la sociedad civil y el sector empresarial “han mostrado su preocupación sobre una verdadera autonomía de la Fiscalía, al ser el Ejecutivo el que decida la terna del fiscal General, por lo que señala que podría aceptar una consulta ciudadana sobre el tema.
