La indignación provocada por las vejaciones contra Marco Antonio Sánchez, el alumno de preparatoria que desapareció cinco días tras ser detenido por policías de la Ciudad de México y del Estado de México, revivió la polémica sobre los abusos por parte de fuerzas de seguridad y es una muestra de la discriminación que viven millones de jóvenes en el país, consideran las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y del Distrito Federal, así como organizaciones civiles. De acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México basado en datos oficiales, 72% de las desapariciones de menores ocurrió en el actual sexenio.
El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien estuvo desaparecido durante cinco días, es ilustrativo de la violencia y discriminación que viven millones de adolescentes en México, víctimas del modelo de seguridad adoptado en los últimos 12 años.
Este es el diagnóstico en el que coinciden defensores de organismos públicos y de la sociedad civil consultados por Proceso, y quienes, basados en reportes oficiales, revelan que menores de edad y jóvenes son víctimas recurrentes de casos graves de violaciones a los derechos humanos, de manera particular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos de las autoridades, en el actual gobierno se registran 72.3 % de los seis mil expedientes de desapariciones de menores de 17 años. También la información da cuenta que cada día se cometen tres homicidios de menores de edad, desde niños hasta adolescentes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien recuerda que asumió su cargo dos meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, advierte que en los últimos tres años en que ha estado al frente del organismo los jóvenes se han convertido en víctimas de casos atroces.
“Es triste y lamentable. No sabemos qué haya pasado con este joven que fue detenido en la Ciudad de México, pero lo que pareciera presuntivamente obvio es la detención arbitraria y no sabemos qué más se acredite”, dice el ómbudsman, entrevistado el pasado 30 de enero en sus oficinas.
Comenta que la CNDH ha intervenido en casos de desaparición forzada ocurridos en Iguala, en Tierra Blanca, en Papantla y en Chilpancingo, donde el factor común es que las víctimas son jóvenes y los presuntos responsables de las desapariciones son policías, y añade que “estas circunstancias nos muestran un deterioro en la seguridad pública”.
Expone: “Estamos en un clima de corrupción e impunidad, y eso propicia lo que estamos viendo, porque mientras no haya sanciones, el máximo rigor de la ley, es campo fértil para que las conductas se sucedan. Desde luego que estamos en favor de que a las víctimas del delito se les respete el derecho humano de acceso a la justicia, pero lo que no podemos hacer es incurrir en la persecución del delito cometiendo ilícitos: no a la tortura, no a la privación de la vida y no la ejecución arbitraria”.
