En la consulta planteada para el próximo mes de octubre por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que se preguntará a la ciudadanía si se prosigue con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), o se opta por construir dos pistas nuevas en la base aérea de Santa Lucía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo tiene claro: la obra del NAICM debe continuar.
Así lo expone en su informe Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades, en el que destaca, por un lado, que el nuevo aeropuerto “es la mejor alternativa” para atender la creciente demanda de transporte aéreo de los mexicanos, y por otro, que una hipotética cancelación del proyecto costaría al país 120 mil millones de pesos.
Ahora bien, pese a estar a favor del proyecto, la obra del nuevo aeropuerto tampoco está exenta de “puntos críticos” y de “riesgos de corrupción”, advierte el IMCO.
Entre esos puntos críticos, la organización civil destaca, por ejemplo, la falta de control interno en los procesos de adjudicación de los contratos, la entrega de recursos a empresas con antecedentes en escándalos de corrupción, y la firma de convenios por 7 mil millones de pesos entre dependencias públicas que no están sujetos a mecanismos de vigilancia.
A continuación, Animal Político te presenta los principales “riesgos de corrupción” detectados por el IMCO en la obra del nuevo aeropuerto, que está llevando el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México (GAICM), la empresa de participación pública responsable del NAICM.
Convenios por más de 7 mil millones sin mecanismos de control
Uno de los grandes ‘puntos rojos’ que plantea el informe del IMCO es la firma de 46 convenios entre el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México y 19 dependencias públicas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por un total de 7 mil 365 millones de pesos para la realización de servicios.
¿Y por qué es un punto rojo? Porque estos convenios se realizaron aprovechando un resquicio legal en el artículo 1 de la ley de adquisiciones, que establece que dos dependencias de gobierno pueden firman convenios sin pasar por ningún mecanismo de control, como la licitación pública, dejando la puerta abierta a la subcontratación de empresas fantasma.
Así pasó en el caso de La Estafa Maestra documentado por Animal Político, en el que 11 dependencias de gobierno desviaron 7 mil millones de pesos a 150 empresas irregulares, a través de la firma de convenios con 8 universidades públicas que hicieron de intermediarias en el desvío.
“Los convenios de colaboración son un elemento que la legislación mexicana permite, pero que en realidad constituyen una de las peores prácticas en términos de transparencia y rendición de cuentas”, recalca el IMCO, que añade que en este tipo de convenios “no existe nada similar” a un dictamen que justifique que la obra o servicio deba realizarse por una dependencia de gobierno en particular, ni tampoco hay una obligación de mantener una bitácora actualizada de los trabajos, “ni mucho menos, una forma de probar que los sobrecostos que se han pagado por las obras se hayan justificado”.
Un ejemplo de lo anterior, es el convenio firmado entre el GACM y la Sedena por mil 547 millones de pesos para construir la barda perimetral del NAICM. Un convenio, destaca el IMCO, en el que “más allá del argumento de seguridad nacional, no existe ningún documento que avale a la Sedena como la entidad idónea para construir dicha barda”.
Aunque la firma de estos convenios entre el GACM y dependencias de gobierno no significa, o al menos no hay evidencia de ello, que se esté subcontratando a empresas al estilo ‘La Estafa Maestra’, el IMCO pide a las autoridades de fiscalización que hagan un seguimiento de dichos convenios.
Lo anterior, “para garantizar que los bienes y servicios adjudicados se hayan entregado a tiempo, que las dependencias que firmaron los convenios no hayan echado mano de subcontrataciones en los casos que esto no estaba contemplado y, que los sobrecostos pagados (si es que los hubo), estén debidamente justificados”.
Contratos con incrementos millonarios no permitidos por ley
Aunque, de acuerdo con el análisis del IMCO, en general los procesos de contratación de las obras del NAICM “se han llevado a cabo conforme a la ley”, ocho de los 320 contratos analizados por esta organización civil presentan modificaciones tanto a la cantidad de dinero otorgada a las empresas contratistas, como en el plazo de tiempo de la obra, que debían tener la autorización de la Secretaría de la Función Pública y no la tienen.
Por ejemplo, en la licitación LPN-OP-DCAGI-SC-114/15, el GAICM otorgó un contrato por 608 millones de pesos a la empresa Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos SA de CV, “para la construcción de los caminos provisionales de acceso al NAICM”. Sin embargo, tras modificaciones no autorizada por la SFP, el monto aumentó hasta los 760 millones de pesos; 152 millones más, o un alza del 25%.
Otro ejemplo: en la adjudicación directa AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, la empresa Ingeniería y Procesamiento Electrónico SA de CV recibió por supervisar la supervisión de la construcción del drenaje del NAICM un contrato por 7 millones 680 mil pesos. Pero el monto se incrementó sin la autorización de la SFP hasta los 14 millones 670 mil pesos, un alza del 91%.
“Son elementos que los órganos auditores (la SFP, la Auditoría Superior de la Federación –ASF-) deberán vigilar y revisar a profundidad debido a que el incremento el monto modificado requeriría de la elaboración de un nuevo contrato y no solo de un convenio modificatorio”, señala el informe.
Sobrecostos injustificados
Además de contratos que incrementaron el monto a partir de una modificación, también hubo contratos por bienes o servicios cuyo monto adjudicado sobrepasó por mucho el presupuestado.
El IMCO subraya que en el 95% de los contratos revisados se ajustan al monto presupuestado. Pero el 5% restante sí lo supera, destacando el caso de tres contratos que tuvieron un sobrecosto de al menos 100%.
El caso más notable es el de la licitación pública LPN-OP-DCAGI-SC-115/15, cuyo monto original presupuestado era de 770 mil pesos, y el monto del contrato acabó siendo 493 millones 916 mil pesos, un 641% más.
Ante casos como este, el IMCO señala que las autoridades de fiscalización deberán poner el foco en la revisión de los contratos que sobrepasen el presupuesto originalmente considerado, para determinar las causas del sobrecosto.
Empresas vinculadas a casos de corrupción
El informe del IMCO también analizó los antecedentes de las empresas que recibieron contratos por las obras del NAICM, y encontró varias ‘banderas rojas’ que implican riesgos de corrupción.
Por ejemplo, halló empresas “con malos antecedentes”, como el consorcio SACYR EPCCOR NAICM, S.A.P.I. de CV.
EPCCOR participó en la construcción de la ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca; obra que, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó “gastos inflados” y múltiples irregularidades en la calidad de la obra, que derivaron en un socavón que provocó la muerte de dos personas al caer su vehículo.
Mientras que la española SACYR “está ligada a escándalos de corrupción reportados por la prensa nacional de ese país”, como el caso ‘Enredadera’; una trama que investiga la policía por supuestos amaños de adjudicaciones públicas en beneficio de una filial de SACYR; acusación que la constructora española ha rechazado, alegando que siete de sus empleados –dos de ellos ya en prisión preventiva y despedidos- eludieron de forma “premeditada” los controles de la compañía, y actuaron al margen de la misma “para su beneficio particular”, informa El Confidencial.
Ante este contexto, el IMCO señala la necesidad de que el GACM “fortalezca su capacidad de investigación”, para que haga “verificaciones de antecedentes” de las empresas antes de contratarlas. “Y así, una vez identificados los riesgos, se decida si es conveniente o no formalizar la relación comercial”, apunta.
Adjudicaciones directas sin justificación legal
Y otro foco rojo: de 320 contratos de obra analizados por el IMCO, la mayoría, el 57% (157) fueron adjudicados de manera directa a empresas; es decir, “el modo de contratación menos competido”, a partir del cual se adjudicaron 3 mil 825 millones de pesos.
De esas adjudicaciones directas, solo el 19% -menos de 2 de cada 10- presentaron una “justificación legal adecuada” de por qué el contrato se entregó de manera directa, sin pasar por una licitación abierta. El resto, o no presentó un dictamen con justificación alguna, o bien presenta un dictamen en el que solo enuncia artículos de la ley, sin mayor explicación.
“Es necesario revisar los motivos por los que la dependencia decide hacer excepciones a la licitación”, recalca el informe del IMCO.
Cancelar el NAICM, “un tiro en el pie para la economía mexicana”
A pesar de estos riesgos de corrupción, Juan Pardinas, director del IMCO, subrayó que se trata de la mejor opción para el país, puesto que considera inviable la alternativa propuesta por el equipo de López Obrador, de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía que tendrían un costo muy por debajo del NAICM.
“Cancelar el proyecto sería darle un tiro en el pie a la economía mexicana”, dijo Pardinas, durante la presentación del informe, en la que criticó que la opción de la base de Santa Lucía, la favorita del equipo de AMLO, “no es una opción válida”, puesto que “solo funcionaría bajo dos premisas: mayor riesgo para los pasajeros, o reducción de la frecuencia de los vuelos”.
