El debate público sobre continuar o no con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) permitió saber que si se mantienen los trabajos en marcha, estará listo para ser operado hasta julio del 2022 y no en octubre del 2020, como afirmaba el gobierno federal, y el nuevo gobierno tendría que aplicar un programa radical de ahorro y reducción del gasto.
Entre la información que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) entregó este mes al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, a petición expresa, se encuentra un documento del gerente del proyecto, Parsons (firma de ingeniería estadunidense) donde se plantea el nuevo cronograma.
En el texto se menciona que el edificio terminal, que costará 98,400.9 millones de pesos y está a cargo del consorcio Constructora Terminal del Valle de México (donde participa ICA, Cicsa, GIA, Prodemex y La Peninsular, entre otras empresas), tiene un avance de 3.3% y estará concluido en agosto del 2021.
Sin embargo, dicha fecha no coincide con la señalada en la única modificación que se ha hecho al contrato respectivo (en abril pasado), donde se plantea que la fecha para terminar los trabajos es el 7 de noviembre del 2020 y no en octubre del mismo año como se planteó originalmente.
El ajuste, que ya fue publicado por El Economista, tenía el argumento reconocido por las partes de una entrega tardía del sitio de trabajo, lo que motivó que las constructoras no pudieran iniciar sus labores el 13 de febrero del 2017, como está referido originalmente, y lo hicieran el mes siguiente.
Además, Parsons señala que las primeras dos pistas de la terminal (2 y 3) serán acabadas en mayo del 2019 y que tienen un avance físico de 63.3 y 51.3%, respectivamente.
Lo anterior contrasta con las declaraciones del director del GACM, Federico Patiño, quien antes del proceso electoral (ante la posibilidad de detener la obra por parte de AMLO) reiteró en diversos foros que antes de que termine la actual administración federal entregarían completas las dos pistas y “el cascarón” del edificio terminal.
Aún con esos ajustes de tiempo en las pistas, el GACM afirma que: “Debido a que la condición del suelo es relativamente mejor a la esperada, se están implementando medidas adicionales que incluyen bombeo activo y más precarga para alcanzar los asentamientos objetivos y/o consolidación objetivo dentro del cronograma de construcción”.
Conocedor de esta información, Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, asegura que en el mejor de los casos, el NAIM estaría listo para finales del 2023, porque que a los riesgos de la construcción del edificio terminal hay que agregar “los de la integración de los sistemas, así como el período de pruebas de toda la operación, que el GACM hoy plantea como de seis meses, pero que en la práctica, en casos como éste, no es menor de un año”.
Se optaría por un control de gastos
Con la información entregada por el GACM al equipo de transición en la materia de comunicaciones y transportes, éste elaboró el dictamen sobre la viabilidad de seguir o no con el NAIM y en la parte financiera explica:
“Se han invertido, según el GACM, por obras realizadas, 60,000 millones de pesos y se han comprometido, aunque no se han desembolsado, 120,000 millones más y por comprometer, 105,000 millones, además de que se han obtenido recursos por 197,000 millones de pesos (119,000 millones de pesos de un bono de 6,000 millones de dólares garantizados con la Tarifa de Uso Aeroportuario) del actual aeropuerto y en su momento del nuevo”, se explica.
Sobre el resto, 30,000 millones de pesos se obtuvieron a través de la Fibra E; 20,000 millones de pesos de una línea de crédito aún no ejercida de Banobras, y 28,000 millones de pesos de recursos fiscales, por lo que se tiene actualmente una liquidez de 139,000 millones de pesos que permitiría, en caso dado, continuar las obras hasta el primer semestre del 2020.
En tal escenario, Espriú señala en el dictamen que independientemente de eso, “si se opta por continuar con el NAIM, será importante revisar los costos de construcción pendientes y aplicar un programa radical de ahorro y reducción del gasto”.
