A través de un pronunciamiento público, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) lanzó una crítica directa, amplia y contundente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a su director general, Efraín Morales López, por lo que calificó como una grave omisión institucional en la gestión del agua, así como resistencia sistemática para corregir abusos históricos en el sistema de concesiones del país.
PROBLEMAS DE FONDO
En medio de los recientes anuncios de CONAGUA sobre su presunto compromiso por “poner orden” en el sistema de concesiones, la CNAA advirtió que los problemas de fondo no se resolverán sin una transformación legal profunda y sin voluntad política para enfrentar al poder del mercado del agua.
“La Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992, ha fomentado una estructura legal que facilita el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y el despojo de derechos de agua, especialmente en perjuicio de comunidades originarias, campesinas, ejidales y colonias urbanas”, afirma el pronunciamiento.
EL PROBLEMA ESTRUCTURAL: UNA LEY QUE BENEFICIA AL PODER ECONÓMICO
La CNAA responsabiliza directamente a la LAN de promover el llamado mercado del agua, donde las concesiones se compran, venden y acumulan como si se tratara de mercancía, favoreciendo principalmente a los grandes usuarios —empresas agroindustriales, mineras o inmobiliarias—, en detrimento de las poblaciones más vulnerables del país.
“Es lamentable que los funcionarios hayan preferido reunirse con los acaparadores del agua, mientras siguen ignorando a los grupos sociales excluidos y despojados del líquido vital”, denuncia la Contraloría.
Además, se señala que la misma ley hace casi imposible frenar abusos, pues los grandes concesionarios cuentan con amplios recursos legales, mientras que la CONAGUA carece de personal técnico y jurídico suficiente para fiscalizar o incluso hacer cumplir las normas.
PROPUESTA URGENTE: UNA LEY GENERAL DE AGUAS JUSTA Y PARTICIPATIVA
Frente a este panorama, la CNAA insiste en la urgencia de una nueva Ley General de Aguas (LGA), construida de forma participativa, con contrapesos sociales y comunitarios reales. No se trata solo de cambiar un marco jurídico: se trata de garantizar el acceso equitativo, asequible y saludable al agua como derecho humano y bien común.
SOCIEDAD CIVIL COMO CONTRALORA ACTIVA DEL AGUA
Desde noviembre de 2024, las contralorías ciudadanas —estatales, regionales y nacional— han entregado a CONAGUA y a sus Organismos de Cuenca listados detallados de irregularidades detectadas en concesiones, usos y disponibilidad del agua.
Este esfuerzo, aclara la CNAA, busca abrir información a la ciudadanía, establecer mesas de trabajo y mejorar la gestión pública hídrica desde la participación territorial. Sin embargo, la respuesta ha sido el silencio institucional.
“Nos preocupa profundamente la negativa reiterada de CONAGUA a colaborar con las contralorías para identificar, corregir y dar seguimiento transparente a las irregularidades reportadas”.
FALTA DE RESPUESTA: ¿A QUIÉN PROTEGE CONAGUA?
La Contraloría Nacional exige respuestas claras y públicas a preguntas clave que siguen sin atenderse. Una de las más graves gira en torno al incumplimiento con los pueblos originarios:
“¿Por qué, hasta la fecha, la CONAGUA no ha registrado el Título de Derechos al Agua del Pueblo Yaqui, consensado entre sus autoridades, la SEMARNAT, el INPI y la propia CONAGUA desde 2022?”, cuestiona el documento.
Esta omisión, sostiene la CNAA, socava procesos históricos de justicia hídrica y pone en duda el compromiso real de la Comisión con las comunidades que más han padecido el despojo del agua.
¿HABRÁ VOLUNTAD POLÍTICA?
Aunque la CONAGUA ha prometido revisar el sistema de concesiones, la Contraloría insiste en que sin cambios legales, contraloría social vinculante y acceso real a la información, no habrá transformación auténtica. Por el contrario, advierten, continuará la hidrocracia: una élite concentradora del agua que opera al margen del interés público.
“Queremos construir un buen gobierno del agua desde los territorios, con la participación social, la transparencia y el reconocimiento pleno de los derechos colectivos. Pero sin voluntad institucional, no se podrá avanzar”.
¿Debe reformarse ya la Ley de Aguas Nacionales? ¿Está CONAGUA del lado de las comunidades o de los acaparadores del agua? La pregunta sigue abierta, pero la presión social crece.
