La actriz mexicana Kate del Castillo, acudió por segunda ocasión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para actualizar su denuncia en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto con el fin de sentar con su caso un precedente de defensa de los derechos humanos en México.
La actriz mexicana que está dando seguimiento a su caso que originalmente presentó ante la CIDH en junio de 2017, bajo el cual acusa al Estado mexicano a violar sus derechos civiles, daño moral y económico, a los que valúa en unos 60 millones de dólares; monto que espera le indemnizado.
“Busco establecer un precedente de respeto y defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos que sufrimos una estigmatización por parte del gobierno de Peña Nieto”, dijo a Apro la actriz al salir de la audiencia con la CIDH.
Ante el órgano jurídico interamericano, Del Castillo detalló la agresión a sus garantías individuales luego de su encuentro en 2016 en la sierra de Sinaloa con el narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
“Buscamos que se documenten y se investiguen el tipo de prácticas que instrumentó este sexenio para vejar los derechos humanos de los mexicanos”, subrayó la intérprete de la famosa telenovela “La reina del sur”, basada en la novela del escritor español Arturo Pérez Reverte.
Del Castillo y su equipo de defensa legal insisten en que no buscan justicia personal sino restablecer los criterios de derechos humanos de todos los mexicanos.
Su denuncia inicial ante la CIDH y en contra del gobierno de Peña Nieto, delineó un patrón de linchamientos a su persona por el desprestigio promovido por la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez, a causa de su reunión con El Chapo.
Los abogados de Del Castillo establecen que como parte de su denuncia y la que tienen ante la PGR, están encausando penalmente a la exprocuradora, la que de ser procesada conforme a las leyes y la denuncia; eventualmente estaría sujeta a indemnizar a Del Castillo por los daños morales y económicos que padeció a causa de la persecución gubernamental.
El caso de la actriz se sustentó en los daños morales y profesionales sufridos por la campaña que emprendió en su contra el gobierno de Peña Nieto.
A la CIDH, Del Castillo presentó evidencias sobre las consecuencias de la campaña en su contra, como documentos sobre la pérdida de contratos y del descrédito ante la sociedad mexicana; de lo cual responsabilizó a los medios de comunicación, en especial a las televisoras Televisa y Televisión Azteca.
“Mi demanda es contra el Estado Mexicano, por ello espero que el nuevo gobierno respete los derechos humanos. Lo que me sucedió a mí no quiero que le pase a nadie más, fue una injusticia; me arrancaron mi presunción de inocencia, mi vida privada, mi honor y no he podido viajar a México por lo mismo”, subrayó la actriz.
Los abogados de Del Castillo pedirán que los representantes del Estado Mexicano generen las condiciones de no repetición de casos como el de su clienta, y las de todas las víctimas estigmatizadas como parte de una política criminal, “equivocadamente adoptada por este sexenio”, como explicó a Apro uno de los representantes legales de la actriz.
Kate se alegra de que legalmente su caso en México ya terminó, que le ganó a Peña Nieto; pero exigirá que se siga investigando sobre todo a la exprocuradora Gómez.
“No iré a México hasta que mis abogados me den luz verde para hacerlo”, acotó del Castillo al ser cuestionada sobre sí una vez que inicie el gobierno de López Obrador regresaría a visitar el país.
